UGT y CC OO mantienen el acuerdo sobre la reordenación de la función pública
La CSIF abandona la mesa de negociación, rechaza la legitimidad de los representantes y anuncia más protestas
La reunión de la Mesa de la Función Pública acaba de terminar con un resultado dispar. CC OO y UGT han aceptado los términos del preacuerdo que ya alcanzaron con la Administración para la reordenación del sector público. Los representantes de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha abandonado la mesa -se fueron a la hora de comenzar el encuentro- al considerar que los integrantes de la mesa no están legitimados para negociar. Además, rechazan la negociación de un decreto una vez aprobado e impuesto y anuncian movilizaciones.
La Mesa comenzó a las cinco y media de la tarde en la planta séptima de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que ha tenido que ser custodiada por la policía. El resto de la Consejería ha estado tomada por manifestantes, que han golpeado los ascensores, mobiliario, puertas y todo cuanto se han encontrado.
La llegada de los representantes sindicales fue acompañada de una sonora protesta y la policía ha tenido que utilizar las porras para evitar que los manifestantes entraran hasta la planta donde negocian.
Aguayo ha llevado a la reunión la propuesta de decreto-ley pactada con CCOO y la UGT, pero con la "voluntad" modificar algunos "flecos" que contribuyan a garantizar derechos y a eliminar "miedos y recelos" sobre la reforma del sector público.
"No se privatiza nada, no se alteran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, ni se merman sus derechos. Ni los laborales pasan a funcionarios ni se hacen fijos a los laborales ni habrá alteración de las normas", ha esgrimido Aguayo.
La pretensión de la Junta es que quede más clara la voluntad de funcionarios y laborales de situarse en las agencias, la valoración de los servicios prestados, la carrera profesional o reforzar la consolidación del sector público.
"Dado el recelo que ha generado el decreto estoy abierta a ampliar los aspectos de personal para aclarar los derechos de los trabajadores públicos", ha apostillado Aguayo, quien ha admitido que no se ha explicado bien el decreto pero también que se está "interpretando mal" por parte de los funcionarios.
La intención del Ejecutivo es elevar las modificaciones del decreto a rango de ley a través de enmiendas a los presupuestos de la Junta de 2011.
La consejera ha sostenido tajante que lo que no va negociar es la derogación del decreto o cambiar la organización que prevé.
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