La Junta quiere sumar el apoyo de CSIF al decreto de funcionarios
La Junta intentará hoy salvar in extremis en la Mesa General de la Función Pública el decreto de reordenación del sector público andaluz. El objetivo: sumar a CSIF al acuerdo alcanzado con Comisiones Obreras y UGT, una misión algo más que improbable.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció ayer que acude a la reunión "dispuesta a escuchar a los sindicatos, especialmente al CSIF", y con "la voluntad de negociar aquello que se considere debe ser modificado" en los aspectos del decreto que afectan al personal para aclarar cualquier sombra de duda.
Martínez Aguayo fue rotunda al asegurar que no retirará el decreto ni negociará la forma de organizar la Junta, algo que corresponde decidir al Gobierno, y que está excluido de cualquier negociación. "La capacidad de organización la tiene la Administración sin necesidad de negociación", recalcó la consejera.
Lo único que dejó abierto Martínez Aguayo -además de las matizaciones sobre los derechos de los trabajadores afectados- fue la fecha de aplicación del decreto, que en principio está fijada para el 1 de enero, y que calificó de "tema menor".
Conflicto laboral
Martínez Aguayo calificó de "campaña de desprestigio" las acusaciones de "enchufismo" que se han realizado al personal laboral de empresas públicas la Junta por parte de diversos colectivos y negó que alguien vaya a ser funcionario sin pasar por una oposición.
De otro lado, la consejera dijo no temer a que se produzca un boicoteo por parte de los funcionarios en la aplicación de decreto, y que estos se nieguen a pasar a las nuevas agencias. "No creo que se produzcan ningún conflicto laboral", dijo la consejera.
Por otro lado, el secretario general de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, anunció ayer que planteará a la Mesa de la Función Pública que a partir de ahora la Junta solo convoque oposiciones libres a las que puedan acceder los ciudadanos en las mismas condiciones y eliminar los concursos-oposición en los que se valoran los servicios prestados.
Ayer, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) anunció que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite su recurso de amparo contra el decreto.
