El Gobierno cede y lleva la reforma del sector público al Parlamento

Parar el reloj y ganar tiempo. El Gobierno andaluz rectificó ayer con la boca chica la tramitación del polémico decreto 5/2010 de reordenación del sector público aprobado el pasado mes de julio y abrirá la negociación a todos los sindicatos durante la tramitación de una ley en el Parlamento. La decisión del Gobierno se tomó durante el pasado fin de semana, en el que de nuevo las protestas protagonizadas por unos 200 funcionarios aguaron un acto político del presidente de la Junta y secretario general del PSOE, José Antonio Griñán.

El Ejecutivo va a intentar reconducir una situación en la que se mezclan acusaciones a la Junta de querer "enchufar" a los trabajadores de las empresas públicas, de privatizarlas y de pretender un despido generalizado en la Administración. Nada de esto es cierto, pero el Gobierno ha sido incapaz de explicar con meridiana claridad lo que pretendía hacer. Tampoco ha ayudado la rebaja sí o sí de los salarios de los funcionarios para contener el déficit, ni la posición de distanciamiento de CC OO y UGT por la convocatoria de la huelga general. El objetivo del famoso decreto es agrupar en 14 grandes contenedores las 254 empresas instrumentales de la Junta, propiciando la supresión, por fusión o absorción, de 111 de ellas. Para eso era necesaria una cobertura legal. También la Junta perseguía dejar claro que solo los funcionarios pueden ejercer de "autoridad pública" a raíz de algunas sentencias judiciales.

El PSOE quiere que el PP "se retrate" durante el debate de la ley

Para empezar, el decreto aprobado en julio ya no va a ser modificado vía enmienda a través del proyecto de ley de Presupuestos de la Junta, como dijo el miércoles pasado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Ese decreto va a ser modificado hoy con otro decreto ley, en el que se va incluir los acuerdos acordados con Comisiones Obreras y UGT. Estos sindicatos tienen la mayoría de la representación en la Mesa General de la Función Pública, pero no en la Mesa Sectorial de la Administración General, donde CSIF es predominante. Las modificaciones pactadas con CC OO y UGT son obviedades donde se refuerza el papel de lo público y la voluntariedad de los funcionarios y empleados públicos en el caso de ser traslados a una empresa pública.

Pero lo más significativo es que este decreto se va a convalidar mediante un proyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia. Eso significa presentación de enmiendas de los grupos políticos y abrir de nuevo la ronda de negociación. "Se abre un nuevo tiempo y una vía de diálogo para escuchar a todo el mundo. Vamos a contactar con todos los sindicatos, incluido el CSIF", dijo ayer el portavoz socialista Mario Jiménez, quien enfatizó que la base del acuerdo es el alcanzado con CC OO y UGT. Jiménez dijo que en este debate, el PP "tendrá que retratarse". Carmen Martínez Aguayo insistió en esa idea: "Quiero que se ponga negro sobre blanco a través de enmiendas cuál es la posición de cada uno, porque el PP está manipulando".

El PP pide la derogación del decreto. CSIF calificó de "mero blanqueo de formas" la iniciativa del Gobierno.