La fiscal rebaja la petición de penas para Aparici por el vertedero incontrolado

La fiscalía ha rebajado hoy las peticiones de pena para el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, de siete años a un máximo de cuatro años y seis meses. El ministerio público, no obstante, mantiene todas las acusaciones contra el número 3 de Carlos Fabra por permitir un vertedero no autorizado de productos tóxicos en la localidad de La Vall d'Uixó cuando era alcalde de esa localidad, en 1998. Aparici ha desviado cualquier responsabilidad hacia los técnicos.

Así, en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la fiscal ha reducido la demanda de prisión por un delito de prevaricación medioambiental de dos años a seis meses, y la de inhabilitación de ocho a siete años. Las mismas condenas pide por este delito para los entonces concejales de Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, Alfonso López y Enrique Segarra, respectivamente. Aparici se enfrenta también a la solicitud de cuatro años y un día de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, o alternativamente 20 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros. Además, la fiscalía pide otros 20 meses de multa y 18 fines de semana de arresto para Aparici y el representante de la mercantil que vertió los residuos por el basurero incontrolado. Las defensas de los acusados demandan la absolución.

Durante la sesión de hoy, un perito judicial ha declarado que el vertedero de la partida del Garrut en La Vall d'Uixó carecía de "las más mínimas" medidas de control, así como de sistemas de impermeabilización y de recogida de aguas, de maquinaria adecuada para la gestión de los residuos o de vallado perimetral. "Suponía un grave riesgo para los sistemas naturales, ya que se apreciaban procesos de combustión interna e, incluso, había riesgo de hundimiento de determinadas zonas", ha apuntado el perito, quien ha añadido que en febrero de 2002 se recogieron muestras del vertedero y se comprobó que existían lodos procedentes de depuradora, residuos de curtidos y lixiviados, así como elementos "tóxicos y peligrosos" como boro y cromo, "éste último procedente, sobre todo, del tratamiento de curtidos, tóxico para las personas y con capacidad de generar cáncer, ya que se acumula en los organismos".

Por el contrario, el perito propuesto por la defensa de Aparici ha manifestado que el vertedero contaba con un sistema de impermeabilización natural, "puesto que se ubicaba en un entorno geológicamente adecuado como para permitir un vertedero de forma controlada". También ha destacado que "el hecho de existir cromo y boro en sí no supone que sean tóxicos, ya que depende de la concentración".

Otro de los testigos, un ingeniero del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó encargado de hacer el seguimiento de la concesión de los vertidos del Garrut ha afirmado que "los medios que ha tenido siempre el Ayuntamiento para gestionar los residuos han sido muy reducidos". El ingeniero ha explicado también que cada semana subía al vertedero y no observaba "nada anormal", hasta que se produjo un incendio que le causó "alarma", por lo que realizó "un informe para advertir" de que no se podía "continuar así". Finalmnte, ha resaltado que el vertedero no reunía las condiciones de control necesarias.

En su informe final, la fiscal ha considerado acreditado que se trataba de un vertedero "incontrolado" que contenía "residuos tóxicos y peligrosos como boro y cromo que superaban las cantidades permitidas por el dominio público hidráulico". La fiscal basa la acusación de Aparici en que "tiene una responsabilidad por omisión, ya que conocía una situación del riesgo y no puso medidas para impedirlo". Por su parte, la defensa de Aparici considera que "no se ha acreditado peligro ni toxicidad

de los residuos, por lo que no se perjudicó al equilibrio del ecosistema".