El fiscal defiende la limpieza de la instrucción del 'caso Malaya'

"La instrucción ya ha sido convalidada en un 99% por la Audiencia". El fiscal anticorrupción de Málaga se ha pertrechado de citas jurisprudenciales y de un conocimiento exhaustivo del sumario para defender la limpieza de la instrucción del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella. En la novena sesión de cuestiones previas, los abogados de los 95 procesados han terminado sus alegatos, en los que han pedido la nulidad radical de las actuaciones, y ha llegado el turno del fiscal, Juan Carlos López Caballero.

El representante del ministerio público ha tratado de desmontar uno por uno los argumentos presentados en las sesiones anteriores por los letrados. Y ha empezado refiriéndose a la investigación de las iniciales J.A.G, invocadas por el abogado del constructor cordobés Rafael Gómez, Sandokán, Antonio Urdiales, que aseguró, sin más pruebas, que pertenecían al actual comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, lo que le ha valido una querella de este.

López Caballero ha recordado que esas iniciales ya fueron objeto de investigación: "Es conocido que se trata de un particular que se investigó separadamente, y que terminó en archivo porque no se acreditaron los hechos". El fiscal justificó haber arrancado su exposición con este asunto en que pretende "despejar dudas sobre ámbitos de impunidad en beneficios de algunas personas".

El fiscal ha proseguido recordando que todas las alegaciones presentadas por los letrados sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales han sido rechazadas durante la fase de instrucción por la Audiencia Provincial de Málaga. Ha dedicado un apartado de su alegato a cada una de las causas de nulidad presentadas por las defensas, desde las órdenes de detención y registro pasando por los pinchazos telefónicos o la supuesta falta de competencia del juez instructor, Miguel Ángel Torres, para investigar la causa. López Caballero está haciendo frente a una verdadera catarata de peticiones de nulidad, aunque ha sostenido que "la mera unión de muchas quejas de defensas no es un argumento de autoridad para probar los vicios de la instrucción".

El fiscal también ha defendido que la prueba clave del caso, la contabilidad secreta del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, fue convenientemente custodiada por la policía judicial, en contra de lo que mantuvo Hipólito Marín, abogado de la ex edil marbellí María José Lanzat. Este letrado insinuó que el archivo Excel con la contabilidad pudo ser manipulado en el lapso de dos meses que mediaron entre su intervención y su entrega al juez Torres. "El soporte informático vino precintado al juzgado y la secretaria judicial lo desprecintó. No pudo haber manipulación", afirmó el fiscal.