La Junta espera recaudar 130 millones del impuesto a los bancos

El Gobierno andaluz calcula que el nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios le supondrá unos ingresos de 132 millones de euros anuales, según ha informado hoy la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, durante un receso del debate del estado de la comunidad que se celebra en el Parlamento andaluz. Un total de 70 entidades financieras son las afectadas por este nuevo gravamen que ya existe en Extremadura y que fue recurrido por el Gobierno central al Tribunal Constitucional.

No obstante, este impuesto tiene truco. Si los bancos y las cajas invierten en proyectos estratégicos de la comunidad tendrán deducciones. "Lo que pretendemos es que fluya el crédito", ha dicho Martínez Aguayo. También el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha insistido en este aspecto en la réplica al portavoz socialista, Mario Jiménez. "Las medidas a los bancos no pretende tanto ingresar dinero como producir efectos en la economía y que los bancos y las cajas apoyen ideas innovadoras".

La consejera de Hacienda ha dado por hecho que esta iniciativa del Gobierno andaluz será recurrida por el Ejecutivo central al Constitucional. "Lo doy por descartado, pero creemos que la medida es constitucional", enfatizó.

En cuanto a los nuevos impuestos en el tramo autonómico del IRPF para rentas con una base de a partir de 80.000 euros, Aguayo aseguró que afecta a 21.859 personas que generarán unos ingresos adicionales de 31 millones de euros. Los ingresos previstos por los impuestos sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía supondría unos 95 millones de euros para la hucha de la Junta, aunque según Griñán lo que se pretende no es tanto recaudar sino disuadir de la utilización de las bolsas.

Respecto a las empresas públicas -se eliminan, bien por extinción, absorción o fusión, un total de 110- el ahorro que supondrá en tres años se estima en 100 millones de euros, según la responsable de Hacienda. Desaparecerán 180 puestos directivos, aunque en ningún caso implicará reducción de empleos. "No se echará a nadie a la calle", ha subrayado.

En cuanto a los vehículos oficiales, van a dejar de estar en circulación un total de 160 que serán enajenados o vendidos.