El Tribunal de Cuentas actuará contra el Ayuntamiento de Calp por una recalificación

El Tribunal de Cuentas actuará contra el Ayuntamiento de Calp al considerar que la recalificación de los terrenos de un recinto ferial aprobada por el ex alcalde popular Javier Morató pudo resultar perjudicial para los intereses del propio Consistorio y suponer un mal uso del dinero público. La parcela fue utilizada por el ejecutivo de Morató para celebrar eventos a pesar de que no era de propiedad municipal, motivo por el que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ya condenó al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros a sus propietarios por ocupación ilegal. La elevada cuantía de la indemnización se debió precisamente a que, por causa de la recalificación impulsada por el propio edil del PP en 2005, ese suelo multiplicó por diez su valor urbanístico al pasar de rústico a dotacional.

El Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento de responsabilidad contable al entender que supuestamente "se ha desprotegido el dinero público". El siguiente trámite será fijar una fianza al Ayuntamiento equivalente a la cantidad económica supuestamente malgastada y que actuará como garantía hasta establecer si alguno de los concejales o técnicos del Consistorio debe asumir la responsabilidad patrimonial del caso e ingresar el dinero ahora perdido en las arcas municipales.

El proceso, que también establecerá si hay responsabilidades penales a derivar a otros tribunales, fue abierto tras una denuncia del PSPV. En la actualidad, Morató es el brazo derecho del alcalde nacionalista, Ximo Tur, en un gobierno local que comparten Bloc y PP.

Una de las pruebas que examinarán los miembros del Tribunal de Cuentas es la grabación de un pleno en el que Morató afirmaba: "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban sus unidades de aprovechamiento urbanístico". En manos de este tribunal también están otras presuntas irregularidades como los sobrecostes en el local alquilado de la televisión municipal o los derivados del caso Aguas de Calpe, que elevaría el perjuicio para el municipio a unos 10 millones de euros, según la oposición socialista.