El Tribunal de Cuentas investiga una recalificación del PP en Calp

La ocupación ilegal de unos terrenos para instalar una carpa ferial, que ya le ha costado al Ayuntamiento de Calp 600.000 euros en concepto de indemnización a los propietarios tras una sentencia del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de la Comunidad Valenciana, podría acarrear consecuencias aún mucho más graves. El Tribunal de Cuentas abrió en marzo diligencias para investigar la recalificación de esos terrenos que en 2005 ordenó el entonces alcalde del municipio, el popular Javier Morató, y que permitió que el suelo pasara de rústico a dotacional, multiplicando su valor urbanístico y disparando el coste de la indemnización.

El tribunal debe establecer si Morató actuó para beneficiar a los propietarios del solar, en el que el Ayuntamiento celebró ferias y eventos multitudinarios pese a no ser público en una operación que ha acabado por causar un grave perjuicio a las arcas municipales.

El escándalo estalló en octubre de 2008, pocos días después de que el PP de Morató presentara junto al Bloc y al PSD una moción de censura que desbancó al PSPV del poder y convirtió al nacionalista Ximo Tur en el nuevo alcalde. Los socialistas presentaron una denuncia ante la Sindicatura de Comptes en la que aportaban la grabación de un pleno celebrado pocos meses antes en la que Morató admitía sin ningún tipo de complejos que había impulsado la recalificación para beneficiar a la familia propietaria de los terrenos, entonces muy indignada por el hecho de que el consistorio los estuviera utilizando sin su permiso y que ya había llevado el caso ante los tribunales.

En esa sesión plenaria, el regidor del PP contó al resto de los miembros de la corporación: "De la noche a la mañana a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban las unidades de aprovechamiento a las que tenía derecho". Morató añadió: "Les hemos hecho [a los propietarios] unos capitanes generales".

Tras recibir la denuncia de manos de los socialistas, la Sindicatura apreció en el comportamiento de Morató, en la actualidad primer teniente de alcalde, indicios de presunto delito, por lo que a finales de 2008 decidió elevar el asunto al Tribunal de Cuentas en Madrid. Este último organismo abrió expediente en marzo de 2009 y en la actualidad está instruyendo la fase de diligencias preliminares, en la que debe tomar testimonios a los implicados y analizar todos los datos del caso, entre los que se encuentra la famosa grabación del pleno en el que el propio Morató admitió parte de los hechos. El Tribunal tomará una resolución antes de que finalice el año, según señalaron ayer fuentes del organismo a este diario.

Por su parte, el PSPV ha calificado como "una bomba de relojería" los efectos que tendrá para las arcas municipales la sentencia del TSJ que obliga al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros por ocupar de forma ilegal los terrenos. Los socialistas exigieron a Morató que explique por qué recalificó los terrenos, "beneficiando a los propietarios sin ninguna contraprestación".

Por este motivo, el PSPV pidió a Morató que devuelva su acta de concejal y reveló que el Ayuntamiento ya se gastó sin expediente de contratación otros 181.000 euros para el acondicionamiento del recinto ferial. Durante su inauguración, Morató, que entonces era alcalde con mayoría absoluta, llegó a colocar una placa con su nombre. Bajo esa carpa ilegal los populares organizaron fastos multitudinarios.

El PSPV también instó al actual alcalde, el nacionalista Ximo Tur, a exigir a Morató responsabilidad patrimonial para evitar que el Ayuntamiento afronte el pago de los 600.000 euros con impuestos. "Tras su nefasta gestión, es una temeridad que Morató esté al frente de cualquier responsabilidad", añadieron los socialistas.