Que Saturno no devore a sus hijos

Que el sostenimiento del sistema nacional de salud (SNS), está en entredicho, parece fuera de toda duda. La seriedad de la amenaza es de tal calibre, que incluso ha propiciado algo ciertamente poco habitual: un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Las medidas que acordaron para rebajar el gasto sanitario pretenden reducir en unos 1.500 millones anuales el coste de los medicamentos y crear un sistema de compra de material sanitario para obtener mejores precios, compartido por todas las comunidades.

En el actual escenario de crisis económica, la capacidad recaudatoria de la Administración está agotada, pero la cuantía de la factura sanitaria sigue creciendo y el déficit público previsible va a ser difícil de contener. Las medidas adoptadas hasta el momento son muy limitadas y parecen esquivar transformaciones de envergadura. Sin ellas, el gasto sanitario va a seguir creciendo a no ser que se actúe sobre diversos factores que lo agrandan. Es el caso, por ejemplo, de la utilización de los servicios sanitarios, muy superior a la del promedio de los países de la Unión Europea. Contribuyen a ella el envejecimiento de la población y la apreciación de barra libre que propicia la protección universal y gratuita del SNS. Pero el gasto sanitario también aumenta debido al coste de las innovaciones y de las nuevas tecnologías, a la mayor complejidad de la práctica médica, a la descoordinación entre niveles asistenciales y a la escasa productividad que se adjudica al personal sanitario estatuario. Y en general, a la rigidez de la administración pública española, muy celosa en el estricto cumplimiento de las normativas, pero despreocupada y sin incentivos para fomentar la eficiencia en el funcionamiento de sus instituciones sanitarias.

A corto plazo, las posibilidades de transformación del SNS son escasas. A lo sumo se pueden añadir algunas medidas destinadas a la reducción del gasto. Pero la rigidez del sistema y la aversión de los responsables políticos a la toma de decisiones potencialmente impopulares, pueden mantener el freno a la introducción de copagos -para moderar la frecuentación y utilización de servicios- o a la exclusión de algunas prestaciones del catálogo del SNS. En todo caso, se hace difícil pensar en una reforma del sistema sanitario sin contemplar una mayor implicación de los ciudadanos, ya sea asumiendo el pago de algunas prestaciones, contratando seguros complementarios o adquiriendo una mayor responsabilidad sobre su propia salud.

A medio y largo plazo las reformas del SNS deberían fundamentarse en la prevención y la educación sanitaria y estimular una mayor flexibilidad del SNS para una mejor adaptación a los nuevos retos, como puede ser la prevalencia de enfermedades crónicas. La firme reintroducción del modelo de separación de la financiación y compra de servicios, de la provisión de los mismos, puede contribuir a esa mayor flexibilidad, porque de entrada obliga a la evaluación de resultados y en consecuencia, a una mayor transparencia en las decisiones.

Paralelamente, debería dotarse a los centros sanitarios de una real autonomía de gestión, imprescindible para una conseguir una mejor eficiencia de esas instituciones y una mayor implicación de sus profesionales. La garantía y preservación de la autonomía de gestión requiere una personalidad jurídica propia y el amparo de un órgano de gobierno independiente.

Hasta el momento, ninguna comunidad autónoma ha sido capaz de dotar de esa autonomía de gestión a las instituciones sanitarias transferidas del viejo INSALUD, que siguen sujetas a las disposiciones, normativas y regulaciones propias de la Administración pública española, muy poco adecuadas para gestionar la complejidad de esos centros. Su transformación en organizaciones modernas, con una efectiva capacidad de gestión, más flexibles, es muy difícil. Los innegables cambios experimentados se han producido cuando el empuje y la voluntad de los profesionales sanitarios ha coincidido con la continuidad de un mismo equipo directivo, que ha garantizado la continuación de los proyectos. Cuando las comunidades autónomas han creado nuevos hospitales han preferido constituirlos bajo marcos jurídicos más adecuados -consorcios, fundaciones, empresas públicas, concesiones administrativas...- en principio favorecedores de una gestión más eficiente. Paradójicamente, muy pocos son los casos en que esas mismas administraciones han sido capaces de respetar la autonomía necesaria de esos centros y no han interferido en su funcionamiento, desvirtuando el sentido y la lógica que propició su creación, cual Saturno devorando a sus propios hijos.

Para mantener el SNS es necesario y difícilmente aplazable acometer reformas de envergadura, postergadas desde hace demasiado tiempo. A los políticos que deben emprenderlas la situación les exige discernimiento, generosidad y coraje, pero fundamentalmente que eviten esa naturaleza de escorpión que no puede evitar picar a la rana cuando cruza el río a lomos de ella.

Manel Peiró es vicedecano Académico de la ESADE Business School