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El fiscal pedirá una fianza para Jaume Matas para eludir la prisión

El ex presidente sólo reconoció haber manejado 400.000 euros en efectivo

Tras escuchar las explicaciones de Jaume Matas durante más de 15 horas de interrogatorio, el fiscal del caso Palma Arena tiene previsto pedir hoy una fuerte fianza para que el ex presidente balear pueda eludir la prisión. El interrogatorio de dos días repasó todos los detalles del patrimonio de Matas, los contratos de su presidencia y la posible financiación irregular del PP balear. Según fuentes jurídicas, Matas ha colaborado aportando detalles, e incluso ha reconocido haber manejado dinero negro, pero intentando reducir todo el entramado de corrupción a un delito fiscal por su parte.

El ex presidente sólo reconoció al juez haber gastado 400.000 euros en efectivo en los últimos años, de los que asumió que una parte era en dinero negro. También detalló que el origen de este dinero era, por un lado 16 millones de pesetas del traspaso de una tienda y el ingreso mensual de un alquiler parcialmente en negro. También reconoció que utilizó dinero opaco en la compra de su casa-palacio en Palma de Mallorca.

Matas afirmó que no ha incrementado de manera ilegal su patrimonio. Declaró además que el piso de la playa de Sa Colònia es de su madre y que decidió comprar y reformar la casa que tiene en alquiler su familia en Madrid, pero que, tras pagar la señal, la traspasó a un amigo, Bartolomé Reus, también imputado. Tras escuchar todas estas explicaciones, la fiscalía mantiene intactas sus acusaciones contra el ex presidente por nueve delitos.

En cuanto a la trama de decisiones que llevaron al sobrecoste y reparto de comisiones en la construcción del velódromo Palma Arena, Matas sólo se responsabilizó ayer de las "grandes decisiones políticas" de su Gobierno, del PP, y trasladó a cargos de tercer nivel todo el protagonismo -y la presunta carga penal- en las actuaciones en la construcción del complejo. Matas intentó desmarcarse de las supuestas irregularidades detectadas por las que le imputan nueve delitos de corrupción, que podrían acarrearle 30 años de cárcel.

Matas no se apartó del rol presidencial y se desvinculó por completo de la gestión de los contratos, trámites "administrativos" y control de los fondos de la infraestructura, que casi triplicó su coste hasta 110 millones de euros. Defendió "con todas las consecuencias" la operación pero atribuyó a personajes secundarios la ejecución de su iniciativa estrella, "un milagro", según la calificó él. Sus alusiones afectan al ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, y al locutor Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena.

Matas sostuvo que tampoco intervino en el contrato de nueve millones a los arquitectos de su confianza, Luis y Jaime García-Ruiz, que construyeron el Palma Arena y la sede del PP. También se desmarcó del consorcio y la fundación creadas adrede y de los expedientes de crédito por hasta 40 millones de euros.

Matas rechazó que su campaña electoral de 2007 se financiara con fondos B. El juez indagó en los contratos de la agencia Nimbus relacionados con la posible financiación irregular del PP balear. La Fiscalía sostiene que, con Matas en el poder, el PP pagó 71.058 euros a esta agencia, a través de dinero negro de su cuñado y ex gerente del partido Fernando Areal, también imputado. Nimbus logró más de 2,4 millones de euros del Gobierno Matas en tres años y trabajó a la vez para el PP, el Ejecutivo y el Palma Arena.

Ayer, la defensa dio otro golpe de efecto para intentar torpedear el desarrollo de la causa. El abogado Rafael Perera lanzó sospechas de espionaje en el interior del juzgado. Perera aseguró que "se vulnera y mediatiza hasta extremos intolerables" su derecho de defensa y logró bloquear el acto judicial durante casi una hora. El juez José Castro ordenó cambiar de lugar la comparecencia de Matas y trasladar el complejo sistema de grabación y registros. No se hallaron los sistemas de espionaje.