Pozuelo recurre a los tribunales para bajar a los dos trabajadores de la grúa

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció ayer que tras "el reiterado rechazo" de los trabajadores David Cediel y Sandy A. a bajar de la grúa en la que protesta por el impago de una deuda de 150.000 euros de Ploder Uicesa a la empresa Jigar, en la que trabajan, "el Ayuntamiento ha solicitado a la Delegación de Gobierno y a los juzgados que tomen las medidas oportunas para que los trabajadores bajen lo antes posible y con todas las garantías de seguridad", según una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Por su parte, el dueño de Jigar, Arturo Sendín, suegro de uno de los trabajadores que lleva ocho días subido a una grúa a 40 metros de altura, aseguró ayer que desconocía el hecho de que hubiera sido denunciado por el Consistorio: "Lo único que sé es que la empresa nos denunció y fui a declarar. Pero el alcalde, Gonzalo Aguado, con el que me he reunido, no me ha dicho nada, aunque sí dijo que podía pasar", explica Arturo, quien asegura que pese a la lluvia y al inminente nacimiento de su segundo nieto, padre de David y de su hija, los trabajadores siguen con mucha moral.

En la nota, el Ayuntamiento también explica que aunque el vínculo entre Ploder y Jigar es un contrato mercantil privado entre dos empresas, "y el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para intervenir en contratos entre empresas privadas, el alcalde de Pozuelo se ha reunido con los responsables de Pozuelo Infraestructuras S.A., la empresa concesionaria de las obras, para exigirles que garanticen la finalización de las obras y presenten toda la información oportuna a esos efectos".

En este sentido, destacan que es esa reunión se les ha advertido expresamente de que, en caso de no atender a dichos requerimientos, se les incoará expediente para adoptar las medidas legales que al Ayuntamiento le correspondan en aras de la salvaguarda del interés público