El Supremo admite una querella por prevaricación y coacciones contra un senador del PP por Murcia
El dueño de un local de San Pedro del Pinatar denunció al ex alcalde Pedro José Pérez Ruiz por instarle a firmar un convenio para traspasar el negocio al Ayuntamiento
El enfrentamiento entre el antiguo alcalde y los dueños de locales de ocio en la curva de Lopagan, en el municipio costero de San Pedro del Pinatar (Murcia), ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Tras años de batalla entre el consistorio, los vecinos y los empresarios de los bares por los ruidos, la suciedad y -sobre todo- la legalidad de los locales en este espacio de ocio nocturno cercano a la playa, el asunto desemboca en el alto tribunal debido a la condición de aforado del ex alcalde, que dejó su cargo en el municipio en las últimas elecciones para engrosar las listas del Partido Popular al Senado, donde es vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y Vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El Supremo se ha declarado competente para investigar una querella contra el senador murciano del Partido Popular Pedro José Pérez que se remonta a 2004, cuando era primer edil de la localidad y, según un auto hecho público hoy, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y coacciones. El juez encargado de la instrucción será Juan Ramón Berdugo.
La querella la puso el propietario de un local de hostelería por el "acoso administrativo" al que -denuncia- fue sometido por el consistorio de Pérez Ruiz tras no firmar un acuerdo para ceder la propiedad de su local.
La empresa del denunciante se llama PANEBEN SL y es la propietaria del conocido como Bar Coyote. Un local en la zona de bares nocturnos junto a la línea de playa llamada Curva de Lopagán.
Tras varios años de actividad sin problemas administrativos, el Ayuntamiento solicitó a varios establecimientos la firma de un convenio por el que obtenía la propiedad de los locales. La denuncia dice que "pasaban de propietarios a sólo explotadores del negocio".
El querellante no firmó y a partir de ese momento denuncia que el consistorio de Pérez Ruiz comenzó a acosarle. Primero le cerraron el negocio, después se le negó la tramitación de la expropiación y luego, incluso, se le impidió vender su local a terceras personas.
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