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Los escándalos que afectan al PP

El PP vuelve a la carga con las escuchas ilegales

Ricardo Costa, González Pons y Cospedal insisten en que hubo espionaje contra el PP.- Aguirre rectifica su acusación contra Rubalcaba

Aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, habían dejado a un lado las denuncias sobre el supuesto espionaje que sufren los miembros del PP para centrarse en la teoría de la conspiración, los populares no renuncian a la estrategia de los supuestos pinchazos ilegales. Hoy mismo Ricardo Costa, González Pons y Cospedal han vuelto a insistir en que las filtraciones a la prensa proceden de escuchas ilegales y en que el Gobierno ha orquestado una persecución contra los populares.

Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, ha asegurado hoy haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación", en alusión al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Esta denuncia ha sido avalada por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha afirmado que hay "indicios suficientes" para suponer que "en la persecución de que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas", informa EFE.

Costa ha revelado que "a finales de julio" denunció ante el juez decano de Madrid que el 23 de febrero un escrito del fiscal anticorrupción desaconsejaba su procesamiento por el juez Baltasar Garzón; que "horas más tarde" la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) aportó nuevas pruebas al sumario de caso Gürtel que implicaban de nuevo al secretario general del PP valenciano; que el 3 de marzo el fiscal anticorrupción modificó su criterio; y que el 5 de marzo, un auto del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional efectivamente le imputó un supuesto delito de cohecho pasivo. El mismo auto imputaba también a Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y a Rafael Betoret, que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio de 2007.

Según Costa, el cambio de criterio del fiscal anticorrupción habría sido instado por el Gobierno. "El PSOE ha hecho buena la frase de Alfonso Guerra cuando dijo que la separación de poderes ha muerto", sentenció. Costa no ha entregado copia de la denuncia. Su abogado y también diputado, José Marí Olano, aseguró no haber guardado ninguna copia de la denuncia. Ningún juzgado se ha pronunciado todavía sobre la oportunidad de admitir a trámite la denuncia.

El también portavoz del grupo parlamentario del PP ha aprovechado la ocasión para anunciar que el PP exigirá la comparecencia ante las Cortes Valencianas de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, para que "aclaren si hay algo que aclarar o desmientan, si hay algo que desmentir" si el PP ha sido objeto de persecución política desde las más altas instituciones del Estado. La solicitud de comparecencia no tiene ninguna fuerza jurídica, pero Costa ha reivindicado la importancia política que tendría el gesto. Olvidó el portavoz del PP valenciano que todos los grupos político rechazaron una solicitud similar en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso hace apenas dos semanas.

Cospedal se ratifica

Antes de afrontar la primera reunión del PP después del verano, la secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, se ha ratificado en sus acusaciones de espionaje orquestado por el Gobierno. Preguntada en Telemadrid por si se han producido pinchazos ilegales a altos cargos de su grupo, la número dos del PP se ha reafirmado: "Está en sede judicial. No voy a dar nombres y apellidos pero reitero, altos dirigentes". Casi simultáneamente, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho censuraba en una entrevista en la Cadena Ser la actitud del Partido Popular. "Cuando alguien recibe envites intensos su ánimo se ve afectado. No sé si es intención del Partido Popular afectar a los cuerpos de seguridad, pero no lo van a conseguir. Deben dejar una estrategia que atenta contra el Estado de derecho", ha afirmado.

Cospedal ha insistido, como ya hiciera en sus primeras acusaciones de este verano, en que el Gobierno utiliza las instituciones para perseguir a la oposición. "Ahora saltan diciendo que presentemos pruebas, pero las pruebas las tenemos en la actuación de la Fiscalía, de los mandos del Cuerpo Nacional de Policía o de la vicepresidenta", ha afirmado la secretaria General del partido. "Claro que nos ratificamos, hay datos objetivos de persecución", ha manifestado Cospedal. "Estamos viendo detenciones en directo por faltas que, cuando salen de declarar, los acusados se van a casa".

Aguirre rectifica

Las declaraciones de Cospedal se han producido después de que ayer la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntara directamente al ministro del Interior como el organizador de las presuntas escuchas ilegales. Aguirre ha rectificado hoy en el mismo momento en el que Cospedal era entrevistada. "No quería yo decir eso, rectifico, y lo que quiero decir es que las escuchas siempre son a miembros del PP, siempre aparecen en el mismo medio de comunicación filtradas y habrá que saber quién hace las escuchas, por orden de quién, si las ponen en el sumario, quién las quita del sumario si es que están fuera del sumario y quién las filtra siempre al mismo medio de comunicación", ha asegurado la presidenta de Madrid.

Tras lanzar las acusaciones de espionaje en una entrevista a Efe en Marbella, Cospedal había rebajado la dureza de las manifestaciones. En una comparecencia pública hace dos semanas, tras la reunión de la dirección del PP en la sede de Génova, Cospedal habló de persecución pero no de escuchas. El propio Rajoy y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la Diputación Permanente en la que las solicitudes de comparecencia de los ministros fueron rechazadas, hablaban de persecución pero dejaron de citar los pinchazos. Ayer, Aguirre rompió esa línea con unas declaraciones que hoy ha rectificado, mientras que Cospedal ha insistido en las escuchas.