Montoro califica el recurso del Gobierno sobre Caja Madrid de "injerencia inaceptable"

El portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, ha afirmado este viernes que la decisión del Gobierno central de ordenar a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid constituye "una injerencia inaceptable", que fue realizada "sin consultar al principal partido de la oposición". Montoro ha criticado lo que considera "una auténtica provocación" por parte del Ejecutivo "en un momento muy delicado de la economía española y del sistema bancario español".

Una de las más interesadas por la noticia, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha reaccionado de manera bastante tibia. Aguirre ha insistido en que la nueva Ley de Cajas autonómica que la Asamblea de Madrid aprobó el 29 de diciembre de 2008 es "constitucional" y dijo que es el Tribunal Constitcional (TC) el que tiene que decidir si suspender temporalmente la ley. "El Gobierno ha presentado un recurso porque piensa que la ley es inconsitucional. Nosotros creemos que es constitucional y que es una discusión jurídica que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional (TC)", señaló.

Esta mañana el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que la Abogacía del Estado presentará el lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley reformada por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre el pasado mes de diciembre. La adaptación de los estatutos de Caja Madrid a la nueva ley ha convertido en un polvorín el gobierno de la cuarta entidad financiera de España dividido, en medio de un proceso electoral, entre los representantes aguirristas y gallardonistas. La reforma estatutaria daría mayor peso en la asamblea general a los municipios de la periferia, que apoyan a la presidenta regional, en detrimento del Ayuntamiento de la capital que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. El recurso del Gobierno congelaría la aplicación de los nuevos estatutos en Caja Madrid.

"Criterio de proporcionalidad"

El recurso del Gobierno (la Abogacía del Estado depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia) ha sido estudiado durante el Consejo de Ministros a partir del informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Elena Salgado, informa Anabel Díez. Resulta preceptivo que cuando una Comunidad Autónoma aprueba una ley, la Administración del Estado ponga en marcha un estudio para evaluar si invade alguna competencia estatal.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha argumentado tras la reunión del Consejo de Ministros que la reforma de la Ley de Cajas madrileña provoca que el sistema de representación sea "contrario al criterio de proporcionalidad" de la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA). El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha añadido que el informe solicitado al Consejo de Estado afirma que hay "fundamentos jurídicos suficientes" para poner en marcha el recurso.

El presidente del Gobierno, conocedor ya de parte del informe de Administraciones Públicas, ofreció al líder del PP, Mariano Rajoy, el pasado miércoles durante el pleno del Congreso iniciar de forma inmediata conversaciones para llegar a un pacto sobre Caja Madrid. "Cuando ponga orden en Caja Madrid podrá hablar del sistema financiero" espetó Zapatero al presidente del PP.

Objetivo: desalojar a Blesa

Con la modificación estatutaria en Caja Madrid, el consistorio pasaría de tener 70 representantes (de un total de 80) a quedarse con 24 en la asamblea de la entidad presidida por Miguel Blesa. La LORCA dice en su texto que cuando la caja de ahorro tenga entidades en más de una región, la representación de las corporaciones municipales en la asamblea general será "proporcional a la cifra de depósitos". Madrid tiene el 45% de los depósitos de Caja Madrid en toda España y el 65 % de los que hay en la Comunidad de Madrid. En el trasfondo de la reforma de los estatutos está el interés del Gobierno de Aguirre por quitar a Blesa los mandos.

No obstante, la asamblea general de Caja Madrid rechazó el pasado lunes de forma aplastante los nuevos estatutos. La iniciativa, que necesitaba 214 votos para salir victoriosa, sólo recabó 87 apoyos de los 296 votos emitidos. Aún así, al Gobierno regional le queda otro cartucho. El consejero de Economía, Antonio Beteta, dispone de un mes para dar la orden de aprobación de los estatutos. En concreto, la Ley 3/2008 contempla que, si los estatutos y reglamento electoral no fuesen aprobados por la asamblea general de la entidad, "corresponderá a la Consejería competente en materia de Cajas de Ahorros redactar y aprobar los estatutos y reglamento electoral en el plazo máximo de un mes".

Veinticuatro horas después del rechazao de la Asamblea, Aguirre defendió la reforma de la Ley de Cajas, "aprobada por los representantes de los ciudadanos madrileños en la Asamblea de Madrid", y recordó que de los 120 diputados autonómicos "sólo" siete votaron en contra en diciembre. "Los otros órganos", como la caja, "lo que tienen que hacer es acatar las leyes".