El espionaje en la Comunidad de Madrid

Aguirre cierra la comisión sin escuchar a las víctimas

Las comparecencias terminarán mañana con Granados y el 18 de marzo se aprobará el dictamen final.- PSOE e IU estudian llevar este "atropello democrático" al Constitucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de investigación de la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar los principales testimonios, los de las víctimas de los espías. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha decidido esta mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para el próximo 18 de marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo que en la práctica implica que mañana será el último día de vida útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto que duraran hasta el 31 de marzo, se adelanta 13 días tras apenas cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de la red, cerrará mañana las comparecencias.

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Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han comparecido juntas en rueda de prensa para denunciar la maniobra del PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de los grupos parlamentarios". Además, Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por Esperanza Aguirre" en señal de protesta.

De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos de la comisión, tal y como han venido denunciando PSM e IU desde el día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella hayan pasado sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados, según ha publicado este periódico: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la comisión apenas diez de los 29 comparecientes previstos.

Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento a cargos públicos. También han pasado por la comisión un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus etapas se realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron tildadas de "despropósito" por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la atención.

La comisión elaborará su dictamen de conclusiones después de la comparecencia mañana miércoles de Francisco Granados, a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. En la comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno. En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría absoluta, también pasará la votación.

A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada por la dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una investigación interna en vista de la postura de la presidenta, que negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en las ruedas desde el principio. La comisión se constituyó el 6 de febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza del PP en detallar su lista de comparecientes.

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