Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Espionaje político en la Comunidad de Madrid

La Fiscalía de Madrid abre diligencias por la trama de espionaje

Gallardón matiza que no quiere apuntar a nadie hasta que Granados se explique pero Cobo sí culpa a "personas dependientes" del consejero.- Prada, "indignado", también denuncia los seguimientos

La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación sobre la trama de espionaje a políticos de la Comunidad de Madrid -destapada el lunes por este periódico- después de recibir las denuncias presentadas por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los presuntos seguimientos de que han sido objeto y de los que ha dado cuenta este diario. El organismo ha citado a Francisco Mercado, periodista de EL PAÍS y autor de las informaciones, en calidad de testigo. Además, ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que remita "cuanta información" tenga en relación a los seguimientos. También pide al departamento que dirige Francisco Granados que informe si existe algún tipo de relación entre Marcos Peña -ex policía nacional fichado por en junio de 2008 como asesor de seguridad- y su consejería o algún otro órgano de la Comunidad de Madrid.

Tras el Consejo de Gobierno, al que no ha acudido Esperanza Aguirre, Granados ha negado una y otra vez que la trama esté orquestada por el Ejecutivo regional, aunque no la existencia de la trama misma. Ha admitido la veracidad de los hechos denunciados en relación con González pero no así con Cobo y el ex consejero madrileño Alfredo Prada -revelado hoy por EL PAÍS, porque a su juicio "no están documentados ni acreditados los seguimientos". Este diario ha publicado extractos de los informes realizados por ex policías y ex guardias civiles sobre González, Cobo y Prada y también imágenes de los seguimientos al primero.

El consejero, que ha comparecido junto a una de las víctimas, Ignacio González, ha reiterado una y otra vez que su departamento no está implicado, al tiempo que no ha ahorrado adjetivos para descalificar las investigaciones de este diario, que ha tildado de "una gran mentira" que no tiene "ni pies ni cabeza" y que está orquestada para "debilitar" a Aguirre. Echando balones fuera, Granados ha emplazado "a todas las personas, instituciones y medios de comunicación a que pongan inmediatamente en conocimiento de la Justicia todas las pruebas y documentos que acrediten" lo que ellos consideran "la gran mentira de una trama de espionaje en la Consejería de Interior".

"Su función es únicamente la seguridad"

El consejero ha llegado a decir que el Gobierno regional "no tiene que demostrar" que no hay una trama de espionaje, "sino que son otros los que tienen que demostrar esas acciones delictivas y ponerlas en conocimiento de los Juzgados". A este razonamiento, González ha añadido que sostener "acusaciones tan graves" sin pruebas equivale a hacer "una imputación falsa" y no las van a tolerar. Granados ha explicado la composición de la Dirección General de Seguridad y Política Interior de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que "su función es única y exclusivamente la seguridad en edificios e instituciones y de personalidades" del Ejecutivo autonómico. También ha hecho hincapié en que las labores de esta dirección fueron fijadas en el año 88 durante el mandato de Joaquín Leguina y son las mismas que había en el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. El ex presidente regional hizo en 2002 "una profunda transformación y reestructuración en la seguridad" que también pervive hoy en día.

En el capítulo de las reacciones, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha querido matizar lo dicho ayer en 59 segundos. Aunque no culpó directamente al Gobierno de Aguirre de espiar a Cobo, sí acusó a Granados de organizar una red ilícita: "No me parece lógico que un consejero monte un equipo de este tipo. Una comunidad no tiene competencia en seguridad y no puede tener un cuerpo parapolicial". Esta mañana, Gallardón ha dicho que no atribuirá responsabilidades hasta escuchar las explicaciones que dé Granados ante la Asamblea regional. El consejero ha pedido comparecer en la cámara pero, de momento, no hay fecha para la cita. "Sabemos que las personas estaban adscritas a una unidad de la comunidad pero no sabemos si lo hicieron siguiendo instrucciones, a quién dieron esa información o si lo hicieron en connivencia con otros. Lo que tenemos es ganas de saber", ha precisado. A su juicio, de la lectura de los informes "solamente se puede llegar a dos conclusiones: una que fueran falsos, pero si son auténticos, los propios autores de los informes "se declaran pertenecientes a una unidad de investigación de la comunidad".

Sin embargo, para el número dos del Ayuntamiento y otro afectado por la trama, Manuel Cobo, sí "está claro" que detrás están personas dependientes de la Consejería de Interior. Entrevistado por Onda Cero, era más contundente que su jefe: "Es evidente con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y los datos que aparecen hoy en el seguimiento que hacían a Alfredo Prada, que se trata de cuerpos parapoliciales, porque no son policías en activo, los que realizan esa actividad ilegal". El vicealcalde se ha aventurado además a relacionar el espionaje con el momento que vivía el PP en abril del pasado año: "La información es poder y en este caso es en un momento en el que había en mi partido diferentes posturas a la hora de afrontar el Congreso de Valencia, se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que si alguien tenía un interés en conocer cuáles eran la reuniones, las comidas, o con qué personas".

Prada, el último investigado

Por su parte, Prada, el último damnificado de los seguimientos, no ha dudado de la veracidad de los hechos y ha anunciado en la cadena SER que pondrá el caso en manos de la Justicia: "Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves", más si se tiene en cuenta que se hace con fondos públicos. El hoy miembro del Comité Nacional del PP y afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es. "Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada.

Prada, consejero de Interior y Justicia de noviembre de 2003 a junio de 2007 y destituido por Aguirre tras apoyar éste a Rajoy, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad de su sucesor en el cargo, que ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio".