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El PSOE acusa a Gallardón de "patrimonializar" la operación Chamartín

IU dice que saben más que Fomento y la Comunidad de Madrid sobre la inminencia de un acuerdo

El portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de intentar "patrimonializar" la operación Chamartín, cuando, a su juicio, lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno municipal es "entorpecer" esta operación. Ayer, el alcalde anunció que las conversaciones entre las partes sobre el proyecto, que lleva 15 años estancado, están muy avanzadas, por lo que se prevé llegar a un acuerdo "de forma inminente". Se trata, nada menos, que de urbanizar tres millones de metros cuadrados.

Sánchez ha exigido al primer edil que "no patrimonialice operaciones que no son suyas" porque la de Chamartín "es del Gobierno de España". El concejal del PSOE, que ha dicho que su Grupo apoyará toda acción que beneficie a los madrileños, dijo que lo que tiene que hacer ahora el alcalde es "explicar qué información tiene para ver si se puede llegar a un acuerdo o no" en la operación Chamartín. El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, también ha asegurado desconocer completamente la inminencia de ese acuerdo y ha apuntado que lo que sí conocen es que de las 16.000 viviendas que se construirán en ese ámbito, sólo 2.000 serán de protección oficial, "y el resto es para pagar las infraestructuras".

"Estamos una vez más en presencia de una operación donde son las casitas las que van a pagar las infraestructuras y el cubrimiento de las vías", ha dicho a la prensa. Pérez ha insistido en que el problema de Madrid no es que haya falta de vivienda, sino que lo que no hay es dinero para comprarla, sobre todo en tiempos de crisis. Por ello, se ha preguntado quién se meterá ahora en una operación para construir 30.000 metros de oficinas y viviendas. "Si el alcalde dice que es inminente, será porque sabe algo que no sabe Fomento, que no sabe doña Esperanza Aguirre y que, desde luego, no sé yo. Que no lo sepa yo no tiene ninguna gravedad, pero que no lo sepa el ministerio ni doña Esperanza Aguirre me llena de perturbación. Tenemos un alcalde que para esto de la innovación y el desarrollo es el número uno", ha manifestado Pérez con ironía.

Desbloqueado... hace dos años

Por su parte, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se ha limitado a repetir, a la salida de la comisión ordinaria del área, las palabras del alcalde cuando ayer anunció que el convenio es "inminente". "Prevemos aprobar un plan que permitirá la ordenación de todo el ámbito norte para permitir las inversiones de la zona y fortalecer la red de comunicación del cierre de la M-30 norte", adelantó Gallardón. Esta operación lleva parada más de 15 años y supone enterrar la actual estación ferroviaria de Chamartín y cambiar su uso urbanístico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas. En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante, la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación.

De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas -como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte (EMT)- y el resto está en manos de particulares. La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid.

Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona. En julio de 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el desbloqueo de la operación después de alcanzar un acuerdo con la operadora DUCH, encargada de explotar los terrenos, que incluía la construcción de 2.000 viviendas protegidas y que se desarrollaría en cinco años, 15 menos de los inicialmente previstos.