Operación Chamartín: "Inminente"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó ayer boquiabiertos a los que asistieron a la presentación de la futura sede del BBVA en Las Tablas. Anunció que la Operación Chamartín, que lleva años varada, está a punto de cerrarse. Se prevé un acuerdo "de forma inminente" entre las tres administraciones propietarias del suelo: el Ayuntamiento, la Comunidad y el Ministerio de Fomento, que es el dueño mayoritario, con el 62%. Hace 15 años que los tres tratan de llegar a un acuerdo.

Ni la Comunidad ni Fomento secundaron las palabras del alcalde, pero tampoco las desmintieron. Una fuente de la negociación aseguró que el consenso se alcanzó en noviembre y está pendiente de la rúbrica del acuerdo. Después, en cinco o seis años, empezarán a venderse las primeras de las 16.200 viviendas que prevé la operación, según esa misma fuente.

"No podemos decir", "no sabemos nada", "no teníamos previsto lo que ha dicho el alcalde"... Ayer todo fueron reacciones de asombro al anuncio de Gallardón. La superficie de 3,1 millones de metros cuadrados, en torno a las vías de Renfe sigue siendo un terreno vacío y árido al final de la Castellana, en una de las mejores zonas de la capital.

Gallardón anuncia la aprobación del acuerdo en un momento clave: la peor crisis económica que ha conocido España. "Existe la voluntad de lanzar el proyecto para luchar contra la crisis. Es un buen mensaje porque se van a crear muchos puestos de trabajo", explicó esa misma fuente de la negociación.

El anuncio en un acto junto al BBVA no es casual. Este banco y la Constructora San José son las empresas que deberán edificar la parte del Ministerio de Fomento, calculada en casi dos millones de metros cuadrados. Juntas forman la compañía Desarrollo Urbanístico de Chamartín (DUCH), que en 1994 ganó la adjudicación. Aunque ayer oficialmente ni una empresa ni la otra decían saber nada del avance de las negociaciones.

Pero ese suelo que tienen que edificar lleva premio: los reversionistas. Son los descendientes de los propietarios a los que Fomento expropió en los años cuarenta y cincuenta para construir la estación de Chamartín. Entienden que tienen derecho sobre ese suelo que el Estado se quedó en su día para darle un uso público y que volverá a ser residencial. Se trata de unas 1.100 familias, que tienen una doble vía abierta para luchar por sus intereses: la judicial, que dirime la Audiencia Nacional, y la de la negociación económica. Por ahora, la segunda es la que ha surtido más efecto. En octubre del año pasado llegaron a un acuerdo con una constructora gallega, de la que no quieren desvelar el nombre.La empresa les ofreció 286 euros por metro cuadrado. A cambio, compraría los derechos sobre sus terrenos. Falta que las administraciones acepten ese acuerdo que ellos han alcanzado con un tercero, que no tiene nada que ver con el proyecto, y que luego DUCH se entienda con esa constructora para edificar la zona.

"Zapatero ha anunciado inversión en obra pública y Chamartín es la mayor obra pública que tiene ahora Madrid. Es lógico que les urja desbloquear la operación. Nosotros estamos dispuestos, sólo hace falta que nos llamen", explicó ayer el abogado de la Asociación de Reversionistas, Antonio Vázquez. Aunque no es tan fácil. Parte de los descendientes de propietarios negocian sus derechos por libre y eso puede dificultar aún más las cosas.

Y por si fuera poco lío, hay que sumarle el problema de la plusvalía que paga DUCH a Fomento por beneficiarse de unos terrenos públicos. La última cifra que negoció la ministra Magdalena Álvarez fue 1.200 millones. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, pide que con ese dinero se financien las infraestructuras de la zona. Y ayer lo volvió a repetir en la cadena SER. Álvarez se comprometió en 2006 a invertir 950 millones de esa cantidad en la nueva estación de Chamartín, en un túnel de ancho internacional entre Atocha y Chamartín, en una estación en la T-4 y en las estaciones de Cercanías de Fuencarral y Hortaleza. Aguirre le recriminó que el Gobierno central ya se había comprometido a todos esos proyectos con anterioridad y que debían financiarse con dinero estatal, no con el que saliera de la operación. En Chamartín, defendió Aguirre, harán falta nuevas estaciones de Metro, nudos subterráneos y otras infraestructuras para las 16.200 viviendas que se prevén. Eso, insiste Aguirre, tendrá que pagarse con el dinero de la promotora, y "no con el de los contribuyentes".

Álvarez dijo que el dinero restante (250 millones) lo destinaría a 2.000 viviendas de protección oficial. Faltará ver qué ocurre una vez que se firme el proyecto definitivo.