La Junta se persona como acusación popular en el escándalo de corrupción de Estepona

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta a interponer las correspondientes acciones judiciales para la personación de la Administración autonómica como acusación popular en el proceso penal abierto en el juzgado nº 1 de Estepona (Málaga), conocido como operación Astapa.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, la Junta considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en dicho proceso suponen una "afectación" de los intereses generales de la comunidad autónoma. También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.

Cervera ha justificado la decisión en que lo que pretende el Gobierno es "colaborar con la administración de justicia, contribuir a que se haga justicia de la forma más profunda y clara, y que se depuren todas las responsabilidades criminales que pudiera haber". Según ha añadido, "corresponde" a la Junta defender los intereses de la comunidad, de ahí la decisión de presentar la querella.

La situación en el Ayuntamiento

En la operación Astapa contra la corrupción fueron detenidas 26 personas, cinco de las cuales ingresaron en prisión -entre ellos el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE)-, 18 quedaron en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.

Por otro lado, el concejal de Personal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), ha dado hoy instrucciones para que a los empleados José Flores Simón y Javier Witmeur, ambos en prisión preventiva sin fianza por el caso, se les suspendan sus respectivos contratos de trabajo. Flores es jefe de gabinete de Alcaldía, y la juez que instruye la causa contra la corrupción le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. A Witmeur, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales, se le imputan los presuntos delitos de falsedad en documento público, fraude y malversación de caudales públicos.

Valadez ha remitido además una carta al secretario municipal, Gustavo Rubio, solicitándole la emisión de un informe acerca de las consecuencias administrativas, laborales y de otra índole que pueda entrañar la permanencia en prisión de dos integrantes de la corporación municipal, los ediles del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Estos concejales han manifestado su intención de no renunciar

a su acta, según ha asegurado hoy el viceportavoz del PES, Juan Manuel Rodríguez. A Crespo y a Reina se les imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales y, en el caso de Reina, también se le acusa de fraude.