Detenido un subinspector de Torrejón por venta de droga y blanqueo

La Policía ha desarticulado una trama organizada dedicada, entre otros delitos, a la introducción de cocaína en España a través del aeropuerto de Barajas. El testaferro era un subinspector de la Policía Nacional en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz que supuestamente vendía la droga en dos bares de copas que regentaba junto a su mujer y blanqueaba el dinero. Junto a él, han sido detenidas 37 personas más, la mayoría trabajadores del aeródromo, acusados de tráfico de drogas, blanqueo de capitales e inmigración clandestina.

Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la Operación Rosales comenzó hace ocho meses con la investigación de un subinspector de la Comisaría de Torrejón, quien supuestamente regentaba junto a su mujer dos bares de copas, Los Rosales y Sabor a Caney, en los que se traficaba con droga y se blanqueaba el dinero que conseguía el grupo, dedicado al tráfico de estupefacientes. En Madrid han sido este subinspector y su mujer, nueve trabajadores de Barajas y varios de una compañía de bajo coste que opera en el aeropuerto, que daban cobertura al grupo para evitar los controles de seguridad sobre maletas y paquetes que llegaban vía aérea.

Además, han sido arrestadas un total de 17 personas en Valencia. A excepción del agente, el resto de detenidos son de nacionalidad u origen colombiano, la mayoría de ellos trabajadores del propio aeropuerto. El liderazgo del grupo recae sobre Diego León C.S., que tiene dos reclamaciones judiciales en vigor; la primera, Búsqueda, Detención e Ingreso en prisión por la Audiencia Nacional por proposición para el asesinato; y la segunda, de nuevo búsqueda y detención por un juzgado de Torrejón, en relación con una agresión en la que presuntamente esgrimió un arma de fuego. Dentro de la organización, parte importante de sus miembros estaban afincados en Madrid, dedicados fundamentalmente a la introducción de cocaína y su distribución. Otros lo estaban en Valencia, donde se detuvo al máximo responsable en la zona, Juan José C.T., y 16 individuos más, alguno de ellos funcionarios de la Administración.

26 de ellos, en prisión preventiva

Las detenciones corrieron a cargo de Asuntos Internos y las UCRIF Central y de Valencia, y las acusaciones son falsificación de documentos e inmigración clandestina. En cuanto a la trama madrileña, la operación policial ha sido ejecutada en dos fases. En una primera, el pasado día 11, se intervino un paquete postal y una maleta, procedente de Caracas que, supuestamente, habría de embarcar hacia Ibiza; pero, que trabajadores del aeropuerto deberían distraer para conseguir así su preciado contenido: 17.235 gramos de cocaína. En este caso, la intervención policial culminó con el arresto de 9 personas, todos de carga y descarga en el aeropuerto, repartidores de maletas o trabajadores de empresas de paquetería. La segunda fase, hasta completar los 38 detenidos, tuvo lugar a raíz de las investigaciones realizadas a una empresa de vuelos de bajo costo, donde varios trabajadores vieron la fórmula ideal para la introducción de cocaína en nuestro país. Se colaboró con policías de otros países y gracias al flujo de informaciones lograron intervenir 33 kilos de cocaína en Perú y uno en Bruselas.

El destino de esta droga era el grupo afincado en Torrejón y con los 13 arrestos finaliza el operativo y la desarticulación del grupo de narcotráfico. Entre ellos, el agente de policía y su mujer. Y de nuevo, trabajadores del aeropuerto: supervisores de empresas de handling, conductores de jardineras (los autobuses que, desde los aviones, acercan a los clientes a la terminal), coordinadores de turno y maleteros. De acuerdo con las investigaciones policiales, el subinspector daba cobertura a la organización y participaba de distintas formas: consultaba las bases de datos a requerimiento de los responsables y era, junto con su mujer, testaferro, para lo que regentaban los dos bares de copas.

Ya han sido puestos a disposición judicial. El Juez encargado de la Instrucción ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 26 de ellos; el resto, ha quedado en libertad con cargos y medidas cautelares para asegurar su presencia en futuras actuaciones judiciales.