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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP aplauden la decisión del Gobierno de llevar agua a Barcelona

La ministra Espinosa insiste en que la medida no es un trasvase y que es temporal

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP consideran que el sentido común ha imperado en la decisión del Gobierno al aprobar ayer el decreto ley para el abastecimiento de agua a Barcelona desde Tarragona. María Jesús Ruiz, consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, ha dicho, hablando en nombre de todas ellas, que con la decisión aprobada ayer en Consejo de Ministros, el Gobierno "rectifica su política errónea" en materia de agua de los últimos cuatro años.

Tras la reunión que los consejeros de todas las comunidades autónomas han mantenido con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, Ruiz ha explicado que la actuación del Gobierno es acorde con el sentimiento que muchas comunidades autónomas han planteado durante años. La solución aprobada ayer, ha explicado la consejera, "nos sitúa en una senda clara de entendimiento y estudio".

Por otro lado, Ruiz ha explicado que las comunidades gobernadas por el PP han pedido a Espinosa que "revise la situación del conjunto de España". La política de agua del PP, ha dicho, "parte de un principio de solidaridad y reequilibrio en el conjunto de España".

La ministra, por su parte, ha insistido en una rueda de prensa posterior a la reunión que la medida acordada para Barcelona no es un trasvase y que, en cualquier caso, se trata de una acción hasta 2009, cuando entrará en funcionamiento la desalinizadora de El Prat. Espinosa se ha mostrado abierta al diálogo con las autonomías para revisar determinados aspectos de la política de agua.

Es lo mismo que explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "No se saca un litro del caudal del Ebro", recalcó De la Vega. La medida adoptada para Barcelona consiste en una tubería de 62 kilómetros cuya construcción costará 180 millones de euros y con la que el Ministerio de Medio Ambiente prolongará el minitrasvase que abastece a Tarragona. Para ello, el Gobierno aprobó un decreto-ley que autoriza el trasvase de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña y una reforma de una ley de 1981 que prohibía el minitrasvase a Barcelona.

Por esa tubería viajarán hasta Barcelona los excedentes que no bebe Tarragona y el agua que se compre a los regantes de la cuenca del Ebro. Así, el caudal del río queda, en teoría, intacto. Los cinco millones y medio de habitantes del área metropolitana recibirán unos 50 hectómetros cúbicos (cada hectómetro equivale a un volumen como el de un gran estadio de fútbol).

La obra tardará seis meses y llegará en octubre, con el tiempo justo para evitar los cortes de agua. Según el decreto-ley, sólo puede funcionar hasta que la desaladora de Barcelona, que es la que debe ahuyentar definitivamente el fantasma de la sequía, lleve funcionando 30 días, lo que se espera para junio de 2009.

Recurso ante el Constitucional

La reunión es importante después de que haya sido nombrado secretario de Estado de Medio Rural y agua un catalán, Joseph Puxeu, nombramiento que, más allá de la valía de Puxeu, tiene mucho de simbólico tras la polémica sobre si ha habido sintonía entre el Gobierno y la Generalitat por la sequía en Cataluña. También después de que los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, anunciaran el jueves que recurrirán la medida al Tribunal Constitucional.

De la Vega defendió el trasvase como "conducción" y dijo que no hacer nada sería "imperdonable, pero sobre todo irresponsable". La vicepresidenta señaló que el Gobierno haría lo mismo en cualquier parte de España y acusó a la Generalitat valenciana de "humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron con todo derecho y cuando lo necesitaron los ciudadanos de Valencia", en referencia a las obras de emergencia que en el pasado han servido para abastecer ciudades como Valencia o Benidorm y que el ministerio comparó con la actual.

También se opone a al trasvase el socialista Marcelino Iglesias, porque así lo marca el Estatuto de Aragón, comunidad que preside. Pero Iglesias se mostró de acuerdo con el Gobierno en que la tubería no es trasvase sino "conducción de los caudales ya cedidos". La oposición no se ha tomado igual las cosas, ya que, en teoría, con la compra de agua se podría enviar agua a Castellón. La Chunta ha convocado hoy un acto en su sede con el lema es "si esto no es un minitrasvase esto no es una miniconcentración". El PP dice que el proyecto hipoteca las necesidades de los aragoneses.