Libertad con cargos para el ex alcalde de Aljaraque y su concejal de Urbanismo
Ambos fueron detenidos el martes junto a otras dos personas por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de dinero
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha decretado libertad con cargos y sin fianza para Juan Manuel Orta, ex alcalde de Aljaraque (Huelva), y Casto Pino, ex primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, ambos del Partido Popular, así como para Antonia Santos, mujer de Pino, y Antonio García, socio de Orta. Los cuatro fueron detenidos por la Guardia Civil el pasado martes por un presunto delito fiscal contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de dinero.
Los acusados han abandonado la Audiencia Provincial de Huelva a las 00:20 horas de hoy, tras prestar declaración durante toda la jornada del martes, momento en el que el ex alcalde de Aljaraque ha asegurado sentirse "cansado y preocupado". Allí mismo, el abogado de Casto Pino y su mujer, Francisco Baena Bocanegra, ha confirmado la noticia de la liberación pero no ha precisado los cargos que se imputan a sus defendidos. Tampoco ha querido hacer comentarios el letrado de Orta, aludiendo al secreto de sumario que pesa sobre la causa.
Los interrogatorios de los detenidos comenzaron ayer a las 12:30 horas. El primero en hablar fue Orta, seguido de Pino, Santos y, por último, el socio del alcalde, en un proceso que ha durado algo más de ocho horas. Todos, excepto Antonia Santos, que quedó en libertad el martes por problemas de salud tras prestar declaración ante la Guardia Civil, habían pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, desde donde fueron trasladados en la mañana de ayer hasta el Palacio de Justicia para declarar ante la juez.
Juan Manuel Orta y Casto Pino fueron acusados en abril de 2007 de un presunto delito de cobro de comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas, informa Manuel J. Albert. Esta acusación la presentó ante la Fiscalía de Huelva el ex militante del PP y constructor Rafael Barroso. El denunciante desgranaba una retahíla de propiedades de ambos cargos que, según él, podían sumar 60 millones de euros.
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