El Supremo admite a trámite la demanda de ilegalización de ANV
El tribunal da 20 días más al partido para defenderse de las nuevas pruebas presentadas contra él
El Tribunal Supremo ha decidido ampliar en 20 días el plazo para que Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) para contestar las demandas de ilegalización presentadas contra ambas formaciones por la Fiscalía y Abogacía del Estado. Esto implica la admisión a trámite de dichas demandas, en las que se han incorporado las nuevas pruebas procedentes de informes policiales presentados ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la semana pasada, a las que ahora ANV y PCTV podrán contestar.
Los 16 magistrados de la Sala Especial del 61 del Supremo, encabezados por el presidente del alto Tribunal, Francisco José Hernando, han adoptado esta medida después de que el pasado 8 de febrero acordaran, de forma cautelar, suspender el derecho de ANV a presentarse a las elecciones generales del próximo 9 de marzo.
Las nuevas pruebas que se han incorporado a las causas de ilegalización derivan de dos informes elaborados por el Cuerpo Nacional de Policía. Según la Fiscalía General del Estado estos estudios aportan información trascendental. Entre las pruebas presentadas destacan mensajes de móviles entre los responsables de comunicación de Batasuna y PCTV en los que se ponen de manifiesto los intercambios de documentos e informaciones así como las relaciones económicas entre ambas formaciones.
El Supremo reconoce que la huelga de funcionarios de Justicia les afecta en su ejercicio diario
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado hoy por unanimidad un comunicado en el que se dice que la huelga de funcionarios de Justicia que tiene lugar desde el pasado 4 de febrero les está afectando "en el ejercicio de la función jurisdiccional" que compete a este órgano. En el comunicado el Supremo expresa su deseo de que las partes "lleguen a una solución satisfactoria del conflicto en el tiempo más breve posible".
El paro ha provocado la suspensión de la práctica totalidad de las vistas públicas señaladas para las últimas semanas en la Sala de lo Penal, así como retrasos en la notificación de sentencias. En los últimos quince días a penas se han notificado media docena de sentencias diarias, cuando lo habitual es de unas 50.
Los funcionarios están en huelga para protestar por la diferencia de sus salarios con aquellos que ejercen su labor en los órganos de comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia. En la última reunión que tuvieron con representantes del ministerio, el pasado viernes, no se alcanzó ningún acuerdo.
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