IU pide un censo de la Cañada Real Galiana y un plan a 10 años para realojar a los vecinos

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Madrid, Ángel Pérez, ha pedido hoy en rueda de prensa un censo de las personas que viven en la Cañada Real Galiana, así como llevar a la práctica el acuerdo de solución integral aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en junio de 2006 con un plan a 10 años, durante los cuales el Gobierno local "debería prestar los servicios públicos necesarios para vivir" a estos habitantes.

Acompañado por los otros cuatro ediles de IU en el Consistorio de la capital, Pérez ha explicado que se reunió ayer con una coordinadora de asociaciones de vecinos de los seis sectores de la Cañada para explicarles sus ideas de cómo solucionar un problema que tiene casi cuatro décadas de vida, así como para conocer su opinión. "El problema de la Cañada muestra la incapacidad de las administaciones desde hace décadas para solucionar una situación que ha llevado a que un número indeterminado de familias, entre 6.000 y 7.000 según nuestros cálculos, se ubiquen en suelo público", ha criticado Pérez, quien considera que esa inactividad se debe a "que no se quería ni se sabía satisfacer un derecho a la vivienda y que, con la Cañada, se disminuía la presión sobre la necesidad de alojamiento protegido".

Así, "partiendo de la necesidad de recuperar un suelo público pero también de la obligación de satisfacer unos derechos de la población", Pérez ha desgranado los cinco pasos de su plan. En primer lugar, IU "reivindica el acuerdo propuesto por el PSOE y aprobado por unanimidad del Pleno en junio de 2006 para alcanzar una solución integral del problema, mediante la creación de una comisión que incluya a los cinco ayuntamientos afectados (Madrid, Getafe, Rivas Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares), así como a la Comunidad de Madrid, al Gobierno del Estado y a los vecinos. Para dar continuidad a dicho acuerdo, IU propone un plazo temporal de entre 8 y 10 años, durante los cuales las administraciones estarían obligadas a "garantizar los derechos asistenciales (recogida de basuras, limpieza de las calles, alumbrao...) y los sociales (educación, atención social y sanitaria, seguridad) como si fuera suelo urbano".

Responsabilizan a Aguirre de lo que les pase

El tercer punto de esta propuesta es la reubicación o realojo de las personas que viven en la Cañada en un plan por fases. "Madrid tiene suelos programados para unas 200.000 viviendas entre los PAUs y las operaciones de Campamento y Vallecas, sin contar con la Operación Chamartín, así que hay donde reubicar a estas personas", ha argumentado el portavoz municipal. En cualquier caso, la coalición de izquierdas no pretende dar un trato de favor a los vecinos de la Cañada, sino "atender a los mismos criterios generales de derecho al acceso a una vivienda que tiene el resto de la población".

Para ello antes es "imprescindible" realizar un censo de todas las familias que, en la actualidad, viven en la Cañada. "Hay que cerrarlo de inmediato para evitar que más gente siga llegando y asentándose, porque si ahora hay unas 6.000 familias, en cuatro o cinco años se podría llegar a 30.000", ha advertido el edil. Además, sería un modo de frenar "la especulación interna de terrenos que ya ha empezado a aflorar, con personas dividiendo los terrenos en los que se han asentado y haciendo contratos privados que, aunque no son legales porque el suelo no es de su propiedad, sí puede generar más problemas".

Por su parte, los sindicatos de agentes forestales han calificado el operativo establecido ayer en la Cañada por el Gobierno regional de "teatral", "precipitado" y "descoordinado" puesto que, además de haberse establecido sin la previsión necesaria, deja libre de vigilancia e inspección medioambiental más de la mitad de la Comunidad de Madrid. Las secciones sindicales en la Consejería de Medio Ambiente de CC OO y UGT y el sindicato de forestales SAFTAM apuntan en un comunicado que "no se ha hecho valoración alguna de los riesgos que puedan acontecer", por lo que denuncian "la irresponsabilidad política de crear un operativo precipitado, descoordinado y sin conocimiento previo de los propios agentes forestales". "En la Cañada existen problemas que exceden de forma extrema lo ambiental y entran de lleno la seguridad y el orden público, competencias que no tienen los agentes forestales y sí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiestan. En su opinión, Esperanza Aguirre pone a los forestales en "un claro riesgo". Por todo ello, ante cualquier agresión que pudiera producirse en zona tan sensible hacen responsable directo a la presidencia de la Comunidad de Madrid.