El sindicato LAB acusa a la Audiencia Nacional de complicar el proceso de paz en Euskadi

Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, ha advertido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la Audiencia Nacional está dificultando un eventual proceso de paz del País Vasco con sus actuaciones en las últimas semanas. En una entrevista publicada hoy en Gara, Díez Usabiaga, que está en libertad condicional por los incidentes de la huelga convocada por Batasuna el 9 de marzo, asegura que Zapatero "debe saber que la Audiencia Nacional es un factor de enorme incidencia política".

"La izquierda abertzale no puede abordar un proceso con espadas de Damocles desenfundadas sobre su cabeza, con su actividad política condicionada. Y esto es algo de exclusiva responsabilidad del PSOE", recalca. Por otra parte, Díez Usabiaga responde que, pese a la reciente huelga auspiciada por Batasuna, esta formación "quiere llevar el conflicto a una mesa de negociación", uno de los compromisos recogidos en la declaración anunciada por Batasuna en Anoeta en noviembre de 2004. "Pero la izquierda abertzale estará siempre en las calles, como en las instituciones, defendiendo y desarrollando su proyecto político. Nosotros nunca nos hemos quedado ni nos quedaremos pegados a la moqueta", concluye.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, afirma en las páginas de Deia que quienes exigen a los jueces que se sumen al proceso en el País Vasco les están pidiendo que sean "unos delincuentes". "Si no aplicamos la ley y nos sumamos a un proceso, estamos cometiendo un delito", asegura. En la entrevista Ruiz Piñeiro reflexiona sobre el papel de la Justicia ante el actual escenario y señala que "haya proceso o no lo haya, el papel del juez se tiene que limitar estrictamente al cumplimiento de la ley, a su interpretación". El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado estas palabras "políticamente una barbaridad".

La salud de Otegi

Además, Urkullu ha considerado que ETA está ante una oportunidad histórica para dar "el paso definitivo" hacia el fin de la violencia y ha confiado en que la banda terrorista y todo su entorno "sepan leer" que esta es la "oportunidad histórica que la sociedad vasca le está demandando". Mientras, el juez de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a citar para el próximo viernes al portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y también ha llamado el miércoles a declarar al dirigente de esta formación Joseba Álvarez en relación con la huelga del día 9. Con Álvarez, son ya siete los representantes de la izquierda abertzale a los que el magistrado ha citado como imputados al considerarles inductores de los 108 actos violentos registrados durante dicha jornada de huelga, entre ellos la colocación de dos artefactos por ETA.

El primero que tenía que haber comparecido la pasada semana ante Grande-Marlaska era Otegi, pero una bronquitis le permitió eludir esta citación durante la que, con toda probabilidad, se hubiera decretado su ingreso en prisión provisional, ya que la Fiscalía anunció que pedirá al juez la adopción de esa medida. El pasado jueves, la bronquitis derivó supuestamente en una neumonía que, según los médicos forenses que le atienden, tardaría al menos díez días en curar, pero, el viernes el juez, al ver el tratamiento que se le había prescrito, dudó de la dolencia de Otegi y pidió la práctica de nuevas pruebas, cuyos resultados deben serle remitidos el martes a primera hora.

Por ello, ante "el estado de salud de Otegi y las expectativas razonables de su mejoría, incluso completa, en el plazo de cinco a siete días", Grande-Marlaska acordó citarle para tomarle declaración a las 17.00 del próximo viernes, sin perjuicio de que los resultados de las pruebas que se le van a practicar aconsejen aplazar de nuevo la comparecencia. El miércoles deberá también comparecer como imputado Álvarez y, dado que éste, al igual que Otegi, se encuentra procesado por pertenencia a banda armada en el sumario en el que se decretó la suspensión de actividades de Batasuna, el juez podría apreciar una reiteración delictiva en su llamamiento a la huelga del 9 de marzo y, si lo piden las acusaciones, decretar su ingreso en prisión.