"Es grave que se decrete prisión sin apoyo del fiscal"

De poco le ha servido advertir de que la legalidad no puede ceder ante el ruido partidista, ni ante la presión o el insulto. O lamentar que cualquier actuación del fiscal general podrá siempre interpretarse como gesto de sumisión al Gobierno, con la consiguiente puesta en marcha de la maquinaria de deslegitimación. Apenas formuladas estas reflexiones, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, ha recibido una nueva andanada: le acusan de inhibición y tibieza frente al mundo abertzale, de favorecer un escenario para la negociación con ETA.

Ahora, por no haber exigido la prisión para todos los radicales de Batasuna citados por el juez Fernando Grande-Marlaska tras la última huelga general convocada en Euskadi. El Partido Popular da impulso político a esas sospechas.

"Sólo en el supuesto de que ETA declare que abandona la violencia se podría contemplar algún cambio de perspectiva"

"El mundo 'abertzale' debe tener claro que el instrumento Batasuna como tal es un instrumento vacío y contraproducente"

"Me preocupa que los fiscales de delitos económicos acaben en el sector privado"

"No nombraría a un fiscal jefe en Cataluña que no supiera hablar catalán"

"El sumario del 11-M se instruye con rigor y no ha habido manipulación de pruebas"

Pregunta. ¿El fiscal tenía que haber reclamado prisión incondicional para Juan María Olano, Juan José Petrikorena [ambos encarcelados esta semana], Rafael Díez Usabiaga y Pernando Barrena [los dos en libertad con fianza]?

Respuesta. Que el juez instructor adopte una medida cautelar tan restrictiva como la prisión provisional cuando la acusación pública no la ha solicitado me parece preocupante. Es cierto que cuenta con la cobertura formal de las acusaciones populares, pero también que estas acusaciones, por su legítima parcialidad, constituyen una cobertura muy endeble. Nuestro modelo procesal asegura la imparcialidad del instructor, que es el garante de los derechos fundamentales de los imputados, limitando su facultad omnímoda para decretar la prisión al principio acusatorio, y por ello es grave que prescinda de la posición del Ministerio Público.

P. En cambio, la ha pedido para Arnaldo Otegi...

R. La Fiscalía ha establecido una distinción entre el comportamiento de Otegi, que reproduce una postura expresada con anterioridad y el resto de los imputados. Sobre éstos, la Fiscalía estima difícilmente acreditable en un juicio que la convocatoria de una huelga [la del pasado 9 de maro en el País Vasco y Navarra] permita inferir una responsabilidad penal por inducción directa en relación con los comportamientos de carácter violento que los huelguistas puedan realizar. En cualquier caso, no se justifica ese acto como de la gravedad suficiente como para determinar una medida de tanta entidad como la privación de libertad. Con anterioridad a la huelga no se había solicitado la prisión incondicional para ninguna de esas personas y jurídicamente no se estima que se deba hacer ninguna modificación.

P. En mayo del año pasado, la Fiscalía pidió prisión incondicional para Arnaldo Otegi y el juez resolvió libertad bajo fianza. Desde entonces, en el País Vasco ha habido múltiples protestas apoyadas por Batasuna con incidentes, y sin embargo es ahora cuando la Fiscalía y el juez Grande-Marlaska van a apoyar el ingreso en prisión incondicional de Otegi. ¿Por qué no lo hicieron mucho antes?

R. Nosotros entonces sí lo hicimos. La Fiscalía sí pidió en su momento la prisión incondicional. En este momento la Fiscalía viene procesalmente predeterminada a mantener el mismo criterio que ha mantenido a lo largo del proceso sobre el mismo hecho y por el mismo delito. En mayo, la Fiscalía estimó que lo procedente era la prisión incondicional. El juez acordó la fianza, pero el criterio de la Fiscalía sigue subsistente. Por tanto, si el juez pregunta a la Fiscalía, mantendrá el mismo criterio de entonces. Recientemente, con ocasión del congreso de Batasuna, a petición del fiscal, el juez renovó la suspensión absoluta de cualquier actividad política de Batasuna y esa orden está en este momento siendo vulnerada por un procesado. Continuar, de manera reiterada, estando en un primer plano de la dirección de una organización ilegalizada es lo que lleva al juez a considerar que la situación de libertad bajo fianza está siendo incumplida. Además, Otegi tiene seis causas pendientes, una condena por injurias al Rey pendiente de ejecución, otra por apología del terrorismo, anulada por el Tribunal Supremo, pero que está pendiente de repetirse el juicio, y cuatro en la Audiencia Nacional. Es decir, nos encontramos con una persona que tiene demasiadas deudas con la Justicia y las deudas acaban venciendo en un momento determinado.

P. ¿En una época de tregua, esta actuación sería similar? ¿Esa circunstancia la tienen en cuenta los fiscales?

R. Hay una decisión parlamentaria que yo creo que a todos nos debe ser relevante, precisamente por ser del Parlamento, que establece claramente que sólo en el supuesto de que ETA declare que abandona la violencia, se podría contemplar algún cambio de perspectiva. ETA no ha abandonado la violencia y por lo tanto el tiempo de la Justicia sigue funcionando de acuerdo con los parámetros de siempre.

P. ¿Si abandonase la violencia, los parámetros de la Justicia cambiarían? ¿En qué?

R. A mí, como fiscal, únicamente me corresponde decir que la legalidad funciona de la misma forma o con el mismo rigor que ha funcionado siempre. Llevamos 305 condenas de terroristas de ETA en 2004 y 2005 y la Justicia sigue funcionando exactamente igual. Por tanto, yo no hago conjeturas sobre lo que podría pasar. Lo único que digo es lo que está pasando y lo que está pasando es que se aplica la ley con todo rigor y conforme al principio de legalidad.

P. ¿Por lo que conoce, diría usted que ETA se ha rearmado en los últimos meses?

R. Yo creo que ETA está en el momento más bajo de su historia y eso son datos que como fiscal puedo tener. Eso es el fruto del trabajo de los jueces, los fiscales, de la policía y también de los Gobiernos, tanto del anterior como de éste. Todos tienen el mérito de haber llevado a ETA a la situación de la mayor debilidad desde que empezó a funcionar.

P. ¿Cree usted que va a haber una tregua próximamente?

R. No forma parte de mi negociado preocuparme por eso. Lo único que quiero oír de ETA es que abandona definitivamente las armas, pero a mí me corresponde sólo hacer cumplir la ley.

P. ¿Sigue creyendo posible la legalización de Batasuna en 2007?

R. No. Batasuna no existe legalmente y no veo ninguna posibilidad de que en un plazo medio pueda abandonar la situación en que se encuentra. Porque existe la Ley de Partidos y sobre todo porque está ilegalizada en el ámbito penal. Por tanto, la ilegalización es irreversible y además está en este momento también suspendida en el proceso de las herriko tabernas. Si pasamos a una situación en la que desaparezca la violencia y deje de existir la amenaza de ETA, pueden surgir otras fuerzas políticas legales en el ámbito de la izquierda abertzale. Pero yo creo que deben tener claro que el instrumento Batasuna, como tal, es un instrumento vacío y contraproducente.

P. El PP duda de su rectitud por no instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, al que vinculan directamente con ETA...

R. Yo creo que hasta los más críticos, si tuvieran la más mínima honestidad intelectual, admitirían hoy que la decisión se ha demostrado como absolutamente razonable. El fiscal impugnó la candidatura de Aukera Guztiak, que era la vía fraudulenta que pretendía utilizar Batasuna, y resultó bastante difícil cumplir los requisitos del Tribunal Supremo y del Constitucional, pero obtuvimos dos sentencias favorables. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) es simplemente el refugio de los votos de la izquierda abertzale con la finalidad política de galvanizar a su electorado y perjudicar al PNV. A posteriori se observa que las llamadas nekanes en el País Vasco son políticamente irrelevantes y Batasuna no actúa a través de este grupo. Todas las informaciones apocalípticas de que a través del PCTV Otegi estaría en el Parlamento vasco y que se utilizaría para actuar políticamente se han demostrado falsas.

P. Usted dijo en el Congreso que respetaba la doctrina del Supremo sobre el caso Parot [que amplía a 30 años el cumplimiento efectivo de penas para los etarras más sanguinarios condenados con el Código Penal de 1973] y que iba a dirigir sus esfuerzos a aplicarla. ¿Pero la comparte o está más cercano al sentir de los magistrados que firmaron el voto particular?

R. Es que como fiscal del Estado no debo valorar la sentencia, debo de cumplirla. En este caso, en la misma medida en que hubo opiniones discrepantes en la propia Sala Penal, no le corresponde al fiscal general más que trasladar al conjunto de los fiscales la obligación de adaptar sus dictámenes al criterio de la mayoría. Y eso es lo que he hecho. He transmitido a la Secretaría Técnica la instrucción a todos los fiscales de que se haga el cómputo de los beneficios penitenciaros de la forma establecida por la Sala Penal del Supremo. Y al mismo tiempo, si algún penado interesa fundadamente que se le aplique el nuevo Código de 1995 porque constitucionalmente le resulta más favorable, pues que el Ministerio Fiscal no se oponga.

P. Las Audiencias no parecen tener un criterio claro sobre la aplicación de esa doctrina. ¿Va a ser el fiscal el que inste la revisión de las ejecutorias o cree que deben hacerlo los magistrados de oficio? ¿Va a dar alguna instrucción a los fiscales en ese sentido?

R. La Fiscalía está estudiando los efectos de la resolución. Hay prevista una reunión plenaria de los fiscales de la Sala de lo Penal en la que se van a analizar esas cuestiones. También hay prevista una reunión de fiscales de vigilancia penitenciaria pero, de momento, la Fiscalía no puede anticipar los problemas que puedan surgir.

P. ¿Apoya usted la modificación que propone la Sala Penal del Supremo para que en la reforma legal que está impulsando el Gobierno se contemple el recurso en interés de ley ante el Supremo sobre cualquier delito?

R. Me parece interesante. No todos los delitos pueden acceder al Supremo con carácter generalizado, porque entonces el Supremo se colapsaría. Pero sí es conveniente que exista una línea doctrinal unificada sobre todos los tipos delictivos y por tanto, esta vía excepcional podría constituir una solución. En cualquier caso, se trata de una propuesta que va a ser objeto de estudio por el Ministerio de Justicia. A mí me parece que podría tener interés.

P. ¿Qué le parece cómo ha quedado el capítulo del Poder Judicial en el Estatuto de Cataluña? ¿Cómo va a afectar a la Fiscalía?

R. Me satisface comprobar que la regulación del Ministerio Fiscal en Cataluña se remite en términos generales al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que se va a respetar el principio de unidad de acción del ministerio público. Creo que es un principio bueno para el ciudadano. Las modificaciones que se han realizado en la Comisión Constitucional van en la misma línea que las que el criterio de la Fiscalía General del Estado.

P. ¿Y con la lengua también?

R. Con la lengua se ha establecido el criterio de mérito que nosotros ya habíamos introducido en una reforma reciente del reglamento de los fiscales sustitutos y que también queremos que se introduzca en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal previsto en el programa de Gobierno. Yo pertenezco a una comunidad autónoma, Galicia, con lengua propia, y la pasada semana firmé con el presidente de esa comunidad, Emilio Pérez Touriño, un convenio de normalización de la lengua gallega en el Ministerio Fiscal, en el que ya se prevé la valoración de la lengua como mérito. He tomado como consideración la lengua como mérito para el nombramiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que domina el gallego, y también para el nombramiento del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que también domina el valenciano.

P. ¿Nombraría usted a un fiscal jefe en Cataluña que no supiera catalán?

R. No. Creo que la representación de una institución tan relevante como el Ministerio Fiscal en Cataluña no puede, en absoluto, prescindir de un instrumento de comunicación básico con los ciudadanos y con las fuerzas políticas de Cataluña como es el idioma propio de la comunidad. Y eso lo saben todos.

P. ¿Cómo explica la lentitud de la Administración de Justicia en la tramitación de un caso de fraude fiscal y otros delitos que afecta al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con tres fiscales y seis jueces que han pasado ya por esa instrucción?

R. El funcionamiento de la investigación en estos casos concretos requiere tiempo. La justicia no puede actuar de manera precipitada, no es bueno para nadie. La Fiscalía Anticorrupción realiza investigaciones muy exhaustivas que llevan un plazo de tiempo. En este caso, hemos tenido cambios de fiscales porque se han pasado al sector privado en función de ofertas de despachos de abogados que han recibido. Pero eso no ha alterado el funcionamiento del procedimiento.

P. No le preocupa que fiscales especializados en delitos económicos acaben pasándose al sector privado.

R. Sí.

P. ¿Y no hay forma de evitarlo?

R. Todos los profesionales de la función pública tienen abierta la posibilidad de pasar al sector privado. Pero, indudablemente, a la fiscalía sí, sí le preocupa.

P. El PP ha cuestionado la instrucción judicial del 11-M, llegando a dudar de alguna de las pruebas que han conducido a los autores del atentado. ¿Qué opina?

R. Como fiscal general, no me pronuncio. Quiero mantener respeto institucional hacia la oposición y hacia su líder. No entro a valorar sus manifestaciones. Lo que sí puedo decir es que el sumario se está llevando con el máximo rigor, en una instrucción que en estos momentos se extiende por más 80.000 folios, por una fiscal que vela por la pureza del procedimiento. Debemos tener confianza en que quien tiene que resolver este asunto, que es la Justicia, lo hará en su momento con toda claridad.

P. ¿Tiene usted alguna duda respecto a la posible manipulación de pruebas?

R. Absolutamente ninguna. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho. La policía funciona con profesionalidad, y funciona el Ministerio Público, que vela por la pureza del procedimiento. La manipulación de pruebas es prácticamente imposible.