Los guardias del cuartel de Roquetas tardaron una hora en avisar a los servicios de emergencia

Los guardias civiles del cuartel de Roquetas de Mar (Almería) tardaron alrededor de una hora en avisar a los servicios de emergencia desde que comenzara el forcejeo con el agricultor fallecido, según consta en el sumario judicial del caso al que ha tenido acceso la Cadena SER. De acuerdo con dicho documento, en ningún momento los agentes hablaron al 061 de contusiones, sino únicamente de un "paciente con parada cardio-respiratoria".

La primera llamada al 061 se produjo a las 17.27, pese a que los primeros forcejeos con el detenido comenzaron a las 16.33 del pasado 24 de julio, según la secuencia de los hechos que ha reconstruido la Consejería de Salud de Andalucía a la que ha tenido acceso la SER. Concretamente, pasan nueve minutos desde que el teniente José Manuel R. empieza a golpear con dos porras, una extensible y otra eléctrica, ambas no reglamentarias, a Juan Martínez Galdeano hasta que se llama al 061.

A partir de ese momento, según el sumario judicial, la Guardia Civil de Roquetas comienza a perder la calma y a temer lo peor. En los siguientes diez minutos, los agentes llaman tres veces pidiendo asistencia médica. La primera llamada se produce a las 17.27; la segunda, a las 17.35, en la que la propia Guardia Civil de Roquetas moviliza a una de sus patrullas para recoger el material médico necesario sin que la ambulancia que está en camino tenga que desviarse a recogerlo.

El Gobierno "exigirá responsabilidades"

La tercera, cinco minutos más tarde (a las 17.40) es ya una llamada para informar de que hay "un paciente -según el parte del 061- en situación de parada cardiorrespiratoria". En ningún momento se habla de enfrentamiento ni de contusiones. Diecinueve minutos después, a las 17.59, el equipo del 061 confirma la muerte del agricultor.

Por otro lado, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha subrayado hoy que "ha habido una cierta resistencia a la investigación" de la muerte del detenido. Esa "resistencia", más el hecho de que se usó "al menos un arma prohibida" y los indicios de que se infligieron "tratos inhumanos" al detenido y de que hubo "abuso de autoridad", justifican para Alonso las medidas adoptadas por el Gobierno contra los implicados. El Gobierno abrió expediente y cesó en sus funciones a un teniente, siete agentes y un alumno de la Guardia Civil imputados judicialmente por la muerte del agricultor.

Para el ministro, en declaraciones a TVE, las medidas adoptadas son "justas y proporcionales al estado actual de la investigación". Además, ha garantizado que el Gobierno "exigirá todas las responsabilidades" pues la Guardia Civil "no debe ver empañado el prestigio histórico que se ha ganado", por unos hechos que son "absolutamente excepcionales".