El fiscal del Yak dice que tiene "muchas cosas que hacer" como para ocuparse del avión

"Yo tengo muchas cosas que hacer [como] para ocuparme del avión". Así se ha despachado esta mañana el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, encargado de la investigación del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), al ser preguntado sobre la petición del Ministerio de Defensa y los familiares de exhumar los 30 cadáveres que fueron mal identificados.

La juez encargada de la instrucción del caso, Teresa Palacios, trasladó ayer a Burgos las peticiones de los familiares para que éste se posicione en los próximos días sobre dichas reclamaciones, entre las que figuran la imputación de los dos generales y los dos médicos envíados por Defensa a Turquía cuando ocurrió el accidente y que el ex ministro Federico Trillo acuda como testigo.

Al margen de las intempestivas declaraciones del fiscal en un asunto donde están en juego muchas sensibilidades, esta misma mañana el Ministerio de Defensa también ha pedido formalmente a la juez la exhumación de los restos de los militares muertos y mal identificados. Estas solicitudes se suman a otras seis formuladas ayer por las familias de los militares fallecidos. De las 30 solicitudes de exhumación tramitadas hoy por el departamento de José Bono, nueve corresponden a restos que fueron incinerados, por lo que, en la práctica, serían 21 las exhumaciones que habría que realizar.

"Primero corazón y luego legislación"

Ahora será la magistrada encargada del caso Yak 42 quien deberá tomar una decisión sobre la autorización de exhumación. A este respecto, el presidente de la Asociación de familias de víctimas del Yak 42, Carlos Ripollès, ha pedido a la juez que aplique "primero corazón y luego legislación" y atienda de forma rápida las peticiones. Ripollés ha añadido que "de ella depende alargar el sufrimiento de las familias en este asunto tan doloroso".

En su propósito de arrojar luz sobre los hechos, los familiares quieren además que se realice una necropsia preliminar para determinar la posible existencia de restos de distintas personas en cada ataúd. También solicitan que se tomen muestras de los tejidos para la practica de pruebas de ADN y que se cotejen con las muestras extraídas por los forenses turcos y con las tomadas a los familiares de los fallecidos.

Asimismo, los familiares reclaman la entrega de los cadáveres identificados para su inhumación en el lugar que ellos deseen. De acceder finalmente la juez a la solicitud de las familias, un sólo equipo de forenses se hará cargo, previsiblemente, de las labores de identificación.

No obstante, todo indica que ni Teresa Palacios ni el fiscal se pronunciarán sobre las exhumaciones hasta que la primera no reciba el informe que pidió al Ministerio de Defensa sobre el siniestro, concluido en diciembre de 2003, y los documentos sobre la identificación de los cadáveres.

En el momento en que obtenga toda esta documentación, la juez podría también, tal y como pidió el fiscal, citar como imputados a los autores de los documentos referidos a las identificaciones, el general médico de División Vicente Navarro y el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán. Ambos mandos firmaron las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español a los cuerpos de los 62 militares fallecidos, todas ellas erróneas, según revelaron más tarde los resultados de las pruebas de ADN efectuadas a las familias de las víctimas.