El Defensor del Pueblo pide más prisiones ante el "significativo" incremento de los reclusos

El Defensor del Pueblo considera necesario que se incremente el presupuesto de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al "significativo" aumento del número de reclusos que se produjo en 2003. El propio Ministerio del Interior fijó esta subida en un 8,15% al pasar de los 51.878 registrados en enero a 56.108 en diciembre. "Por ello una adecuada y eficaz política de creación de centros penitenciarios es más necesaria, si cabe", señala la institución que dirige Enrique Múgica en su informe anual 2003, que ha sido entregado hoy a las Cortes.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo critica una de las reformas legislativas que en materia penal se aprobaron en la anterior legislatura, en concreto, aquella por la que se limitó el acceso al tercer grado de los reclusos que no hayan abonado a sus víctimas la cuantía especificada mediante sentencia en concepto de responsabilidad civil. Aunque saluda el "laudable" propósito de la reforma, advierte de que puede tener "consecuencias indeseables" porque, para se produzca el resarcimiento, resulta imprescindible que el interno puede trabajar, lo que será difícil si se le niega el tercer grado.

Además, el Defensor del Pueblo se muestra "especialmente preocupada por la escasez de trabajo remunerado disponible para los internos" para facilitar su reinserción laboral. Por ello, pide que las juntas de tratamiento dispongan de otros medios de tratamiento a través del acceso a un puesto de trabajo en el que la productividad. Esta institución reitera un año más en su informe que la situación de las mujeres en prisión "es peor que la de los hombres", ya que los módulos en los que son alojadas "son peores en términos generales", a excepción de los construidos desde 1991. Pero aún en éstos, el Defensor dice que las posibilidades de acceder a trabajos remunerados son "más limitadas".

Los presos extranjeros

El Defensor del Pueblo denuncia también que continúa pendiente una ley procesal reguladora de los procedimientos ante los juzgados de vigilancia penitenciaria que dote de seguridad jurídica a ese ámbito tan importante para la vida diaria de los presos. Así, aconseja que se generalice el uso de las nuevas tecnologías para garantizar el principio de inmediación procesal. La institución que dirige Múgica insiste, también en su informe de 2003, en la necesidad de prestar atención al riesgo de suicidio entre la población reclusa, pese a que éste ha disminuido teniendo en cuenta el incremento del número de internos.

En cuanto a los presos extranjeros, Múgica asegura en su informe que no está claro que expulsar a los que han delinquido, en sustitución de su procesamiento, "sea lo más adecuado" para una prevención general de delitos. También "lamenta" que el Ministerio del Interior haya desoído su recomendación para que se dotara a los presos extranjeros en tercer grado o que disfruten de permisos de un documento similar a la tarjeta de extranjero que, evitando denotar su condición de reclusos, les sirviera de identificación que le facilitase su desenvolvimiento social en este tiempo.

Además, esta institución considera que "aproximadamente uno de cada cuatro reclusos de los centros penitenciarios españoles es extranjero" y por ello es "preciso instar la realización de planes propios que atiendan los problemas que les afectan". En un apartado dedicado a la crisis del Prestige, el informe lamenta que las administraciones del Estado y la Junta de Galicia no atendieron las recomendaciones del Defensor sobre la necesidad de aportar una información sistemática, completa y objetiva, algo que "sigue faltando al día de hoy".