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El PSOE y el Defensor del Pueblo piden medidas urgentes para atajar el problema de la vivienda

Coinciden en la necesidad de una nueva política en la materia, con cambios legislativos y un estímulo al alquiler

El Informe del Defensor del Pueblo valora las medidas adoptadas durante el año pasado para fomentar el acceso a la vivienda en España, pero las considera "insuficientes" e "inaplazable" establecer un nuevo marco de medidas estructurales, y no sólo "paliativas", para resolver el problema. Cree que la necesidad salta a la vista con atenerse a las cifras: en los tres primeros trimestres del año pasado, recuerda, la vivienda siguió subiendo un 16,9%, mientras el esfuerzo medio para acceder a ese bien, recuerda, ha pasado del 29,5 de la renta disponible en 1997 al 42,1% en octubre de 2003.

Para contrarrestar el empuje al alza de los precios de las viviendas libres, pide estimular la oferta de alquileres, con una conveniente equiparación fiscal a la propiedad, así como la de viviendas protegidas. En el documento, remitido hoy al Parlamento, el Defensor insta también a determinar las funciones de la administración autonómica en materia de control, seguimiento y autorizaciones en la promoción privada de viviendas protegidas, incluida la firma de contratos de compraventa y la adjudicación. Asimismo, cree imprescindible poner al día "la parca regulación" de la vivienda de protección oficial recogida en dos reales decretos.

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Por un "derecho efectivo"

Por su parte, el PSOE pedirá mañana en el Senado al Gobierno que promueva un amplio acuerdo entre las administraciones central, autonómica y local que "permita sentar las bases de una nueva política de vivienda". En un comunicado difundido hoy, el Grupo Socialista en la Cámara Alta asegura que también reclamará la adaptación de cuantas iniciativas "considere oportunas" para que el acceso a la vivienda se convierta en "un derecho efectivo". Para ello, también le exigirá modificaciones legislativas y un estímulo al alquiler, así como una oferta amplia de suelo a precios compatibles con la promoción pública de viviendas protegidas.

"Se trata, en definitiva, de que las promociones de protección oficial vuelvan a tener el precio de referencia esencial en este mercado, así como de garantizar una mayor competencia y transparencia en la distribución de suelo urbanizable", detalla la agrupación política.

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