El Fiscal General no recurrirá la condena del Supremo a los magistrados del Constitucional

Finalmente, los fiscales no recurrirán la sentencia por la que el Supremo condenó a 11 magistrados del Tribunal Constitucional por archivar un asunto sin siquiera estudiarlo. Así lo ha decidido hoy el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, haciéndose eco de la opinión de la Junta de Fiscales, que también se oponía a la presentación de dicho recurso de amparo, aunque su decisión no es vinculante.

Cardenal argumenta "la falta de legitimación del Ministerio Fiscal" para presentar el recurso ante el Constitucional al no haber sido parte procesal en este procedimiento, y que en el conflicto entre ambos tribunales "no se han lesionado derechos fundamentales puesto que los titulares de los mencionados derechos son las personas, no las instituciones". La decisión ha sido tomada por diez votos a favor y cinco en contra, según un comunicado difundido hoy por la institución que dirige Jesús Cardenal.

"Esa lesión de derechos habría sido, en su caso, el sustento para que el Ministerio Público se entendiera legitimado en este procedimiento. Al entender que no existe ese daño, el mencionado conflicto de competencias o jurisdicción entre estas sedes judiciales queda al margen del capítulo de los de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, por lo que no procede interponer recurso alguno para su restitución", dice el comunicado.

El responsable de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, Juan Ortiz Úrculo, fue el promotor del recurso, ya que entendía que la condena del Supremo a los magistrados vulneraba el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al ejercicio del cargo público. Además, defendía "la necesidad de restablecer la credibilidad e independencia del Tribunal Constitucional y el respeto a su jurisdicción", que se vieron afectados, en su opinión, por la polémica sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

El pasado 23 de enero, el Tribunal Supremo condenó a 11 de los 12 magistrados que integran el Constitucional a pagar 500 euros de multa cada uno al abogado José Luis Mazón por rechazar un recurso de éste sin ni siquiera entrar a estudiarlo, lo que desató un enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional.