El empresario que denunció a Fabra declara durante cuatro horas ante la juez de Nules

El empresario Vicente Vilar, que destapó el caso Fabra, ha declarado esta mañana durante casi cuatro horas como imputado ante la titular del Juzgado número 1 de Nules (Castellón), Isabel Belinchón, en la causa abierta por esa juez "por uno o más delitos contra la Administración Pública" y ante quien ha declarado después su ex esposa. Mañana lo harán el presidente de la Diputación, Carlos Fabra (PP), y su mujer, Amparo Fernández.

Vilar, que ha llegado al juzgado pasadas las 8.30 horas acompañado de su abogado, ha salido cerca de las 13.00 horas y no ha querido detenerse a hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se han desplazado hoy hasta Nules. Antes de montarse en un vehículo que le esperaba en las inmediaciones, Vilar sólo ha señalado había entregado toda la documentación a la juez y que no pensaba hacer declaraciones.

Tras el interrogatorio de Vilar, su ex esposa, Montserrat Vives, ha declarado ante la juez, también como imputada. A su salida, tampoco ha querido hacer declaraciones. Mañana lo harán en la misma condición el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su cónyuge, María Amparo Fernández. La titular del Juzgado número 1 de Nules rechazó la querella que interpuso Vilar contra Fabra, pero le dio valor de denuncia al entender que en los hechos recogidos en ella pueden existir supuestos delitos perseguibles de oficio.

Gestiones ante dos ministros

La juez entiende que Fabra pudo haber cometido uno o varios delitos contra la administración pública. Entre los delitos contra la administración pública se incluye el tráfico de influencias, prevaricación, abandono de destino, desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, malversación, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Además, la misma juez, según fuentes de la investigación, observó en el relato de Vilar "supuestos delitos que no habían sido denunciados", por lo que abrió un nuevo procedimiento que ha sido enviado al Decanato de los juzgados para su reparto y que aún está pendiente. El empresario, propietario de la firma Naranjax, dedicada la fabricación de productos fitosanitarios, afirma que ha pagado durante años por informes inexistentes realizados por la empresa Carmacas, una sociedad industrial de la que Fabra es administrador único.

Según Vilar, el líder del PP en Castellón aprovechó sus influencias en el partido para pedir a los ministerios de Agricultura y Sanidad autorizaciones para vender productos fitosanitarios a la empresa Artemis 2000, propiedad de las esposas de ambos imputados. Los entonces ministros de Sanidad y Agricultura, Celia Villalobos y Jesús Posada, han admitido a este periódico que mantuvieron entrevistas con Fabra cuando ocupaban los respectivos ministerios. Según el empresario, por realizar las gestiones Fabra le cobró 48.000 euros a través de Carmacas.