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País Vasco, Cantabria y Asturias recuerdan que el fuel del 'Prestige' sigue llegando a sus costas

Las tres comunidades cantábricas denuncian que el Estado no sufraga los gastos de limpieza

Las comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria y Asturias han presentado una declaración conjunta en la que recuerdan que la situación generada por el hundimiento del Prestige "no es un problema resuelto" porque se mantiene la aparición "diaria" de fuel en sus costas. Los trabajos para eliminar el chapapote le han costado a estas comunidades más de 132 millones de euros.

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El documento, firmado en Oviedo por los consejeros de País Vasco, Cantabria y Asturias, cuestiona que existan "planteamientos de normalidad" tras el naufragio del petrolero y advierte de que durante el invierno se mantendrán "o incluso incrementarán" las llegadas de fuel respecto a los meses anteriores.

Según los cálculos de estas tres comunidades, en el último año se han recogido en aguas y costas del Cantábrico cerca de 50.000 toneladas de residuos, y se han gastado 132,3 millones de euros en labores de limpieza que no han sido sufragados por el Gobierno central. A eso hay que añadir los "daños de difícil cuantificación en el medio marino y litoral y en los sectores productivos vinculados al mar y la costa".

La comunidad que más residuos ha retirado es el País Vasco, donde se han recogido ya más de 24.000 toneladas. Le siguen Cantabria con 21.000 y Asturias con 4.350. En el capítulo de gastos, Cantabria ha invertido ya 65 millones de euros en la limpieza, el País Vasco 56 y Asturias 11,2.

A estos gastos deberán sumarse los derivados de los acantilados que aún quedan por limpiar y los generados por la llegada de nuevos residuos. Según el consejero vasco de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Sabin Intxaurragaentre, en las aguas del Cantábrico quedan entre 4.000 y 13.000 toneladas de fuel a la deriva.

En su declaración, los tres gobiernos regionales plantean, "desde la lealtad institucional y un principio de colaboración entre administración", que se diseñen fórmulas que garanticen la recuperación biológica, social y económica, y que el Estado restituya "la totalidad de los gastos asumidos para hacer frente a la catástrofe".

A la firma de esta declaración no ha sido invitada Galicia porque, según el consejero de Justicia del Principado, Javier García Valledor, dicha comunidad decidió en abril o mayo "de forma unilateral" interrumpir los contactos con el resto de comunidades cantábricas afectadas por el vertido.

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