Garzón decreta la administración judicial de 75 'herriko tabernas'
La decisión busca cortar las vías de financiación de ETA
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decretado la administración judicial de las 75 herriko-tabernas y asociaciones culturales presuntamente relacionadas con Batasuna, según una auto dictado hoy. La administración judicial ha sido establecida "por periodos de seis meses, prorrogables en función de las circunstancias concurrentes", señala el auto.
El magistrado, que ha tomado esta decisión a petición del fiscal adscrito a su juzgado Enrique Molina, considera que "está indiciariamente acreditado que todo el complejo de las denominadas Herriko Tabernas, así como las asociaciones que les dan acogida, forman parte del entramado que dirige la organización terrorista ETA-KAS-EKIN".
Asimismo, sostiene que "constituyen, directa o indirectamente, una fuente de financiación de la estructura criminal" de la banda terrorista y su entorno, integrada por "organismos cuyas actividades han sido declaradas ilícitas o suspendidas", como Orain-Egin, Xaki, Jarrai-Haika, Segi, Gestoras Pro-aministía, Batasuna o Udalbiltza-Kursaal.
En su resolución, Garzón añade que las herriko tabernas y asociaciones para las que decreta la administración judicial dependen de la denominada "Comisión Nacional de Herrikos, pilotada desde la suspendida e ilegalizada HB-Batasuna".
Objetivo: cortar la financiación a ETA
Garzón explica en el auto que el objetivo de la administración judicial decretada hoy es cesar la actividad que la organización terrorista ejercía sobre este complejo y controlar de forma efectiva el flujo de dinero y de fondos, para que no continúen derivándose hacia la banda terrorista.
El magistrado recuerda que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo el pasado 27 de marzo, con la consecuente liquidación de su patrimonio. "Cualquier decisión que aquí se adopte lo es función de la decisión que dicho Alto Tribunal tome sobre los bienes embargados", agrega.
La administración judicial de las herriko tabernas y las asociaciones culturales relacionadas con Batasuna y decretada hoy, fue prevista en el auto de 3 de julio de 2002, por el que Garzón fijó en 24 millones de euros la responsabilidad civil solidaria de la coalición abertzale por las acciones de violencia callejera de la organización juvenil Segi.
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