PP y PSOE amplían los fondos para reforzar la seguridad de los ediles amenazados

Gobierno, PP y PSOE, reunidos en la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, han aprobado hoy la creación de un fondo económico de 3 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que, a partir del 2003, cobrarán los partidos políticos con cargos amenazados por el terrorismo para compensar sus "gastos extraordinarios de seguridad".

Los principales destinatarios de esta iniciativa son Partido Popular y Partido Socialista que, junto al Gobierno, han ratificado hoy un paquete de medidas destinadas a garantizar la seguridad de sus concejales y cargos públicos.

En la reunión, a la que han asistido por parte del Gobierno el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, se ha acordado la presentación de una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para modificar seis normas en vigor: la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Disolver ayuntamientos

Una de las principales novedades es la capacidad que, mediante modificación del artículo 183 de la LOREG, PP y PSOE quieren dar al Consejo de Ministros para "disolver" aquellos ayuntamientos que "adopten acuerdos o desarrollen actuaciones tendentes a dar cobertura o a justificar el terrorismo, o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, o menosprecien a las víctimas o a sus familiares". Para ello, el Gobierno deberá informar de su decisión previamente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente y deberá recibir el visto bueno del Senado. La Diputación Provincial se hará cargo del gobierno de dicha localidad hasta la celebración de las siguientes elecciones municipales.

Asimismo, populares y socialistas reformarán el Código Penal para castigar con una pena de prisión de "seis meses a un año" a quienes calumnien, injurien, coaccionen, amenacen o impidan el libre acceso de los concejales a los plenos. La reforma de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permitirá que los policías locales o autonómicos que desempeñen tareas de escolta puedan salir, acompañando a su protegido, fuera sus ámbitos territoriales.

Impedir que gobierne Batasuna

El pacto adoptado entre PP y PSOE también incluye un "compromiso" para impedir que Batasuna gobierne en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, así como impedir que los concejales que se niegan a condenar el terrorismo lleguen a asumir cualquier tipo de responsabilidad.

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitará que los ayuntamientos puedan personarse en los procesos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de fuerzas políticas democráticas por apología de terrorismo.

Igualmente, se pretende impedir en las corporaciones locales con mayoría de fuerzas democráticas que los concejales que no condenen el terrorismo ostenten ningún tipo de responsabilidad municipal fuera de su condición de edil.

El acuerdo prevé la sustitución de concejales cuando se agote una lista municipal. Así, se suprimirá la obligatoridad de presentar tres suplentes en las listas y, en caso de que se presenten, los partidos podrán incluir 10 nombres, y no 3, como está establecido en la actualidad. Si la candidatura oficial se agota, incluidos los suplentes, las vacantes podrán cubrirse a propuesta del partido representado.

Además, se eliminará el requisito de residencia para los interventores electorales, de manera que los partidos puedan designar interventores de otras circunscripciones distintas a las que pertenezcan como electores y mejorar así los mecanismos de "control" del proceso electoral en el País Vasco.

Concurrir a unas elecciones

PP y PSOE han pactado también que ninguna persona condenada, incluso cuando la sentencia no sea firme, por delitos de rebeldía contra las instituciones del Estado o de terrorismo puedan presentarse a unas elecciones y ser elegidas, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Otro importante aspecto del acuerdo es la nueva regulación de las subvenciones por gastos electorales, de manera que queden excluidos todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que con su actividad promuevan, alienten o justifiquen el terrorismo o humillen a las víctimas. Esta es una norma complentaria de la establecida en la Ley de Partidos Políticos, que sólo limita la financiación a las organizaciones con forma jurídica de partido.

La retirada de subvenciones tendrá que adoptarse a iniciativa de la institución pagadora, que en unos casos puede ser el Estado, o la comunidad autónoma o las diputaciones forales. En caso de que el gobierno autónomo se resista a la aplicación de esta norma, PP y PSOE presentarán iniciativas en ese sentido en el Parlamento vasco o en las instituciones correspondientes.