El Consejo de Estado da su visto bueno a la Ley de Partidos del PP
El Gobierno estudiará el informe en la reunión del consejo de ministros
El Consejo de Estado ha remitido hoy al Ministerio de Justicia un informe favorable, en el que no aprecia "motivos de inconstitucionalidad", al Anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, que mañana estudiará el Consejo de Ministros para su envío a las Cortes.
Según han informado fuentes del Ministerio, tras los informes preceptivos y no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros tratará mañana el Anteproyecto de Ley de Partidos Políticos que posibilitará la ilegalización de Batasuna.
El informe del Consejo de Estado, aprobado por mayoría, y remitido esta misma tarde al Ministerio de Justicia, considera que, sin perjuicio de algunas sugerencias, "no se observan motivos de inconstitucionalidad que impidan la tramitación del anteproyecto".
Señala el dictamen del Consejo de Estado que "por la importancia de la materia y el ámbito en el que está destinada a aplicarse, aconsejan extremar las precauciones para evitar dejar flancos abiertos o cuestiones dudosas en relación con el estricto respeto del derecho fundamental en cuestión".
Igualmente indica que "en todo caso, el debate último sobre la materia debe realizarse en el Parlamento con vistas a dotar del mejor contenido a una norma tan relevante para las libertades públicas y la propia esencia de la sociedad política".
De acuerdo con este Anteproyecto, el Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Ministerio Fiscal podrían instar la ilegalización de un partido político que vulnere los derechos fundamentales o los valores constitucionales o propicie el odio y la violencia.
El anteproyecto establece que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo el órgano competente para poder disolver un partido político, cuando éste apoye el terrorismo o conductas contrarias a la Constitución.
La disolución de un partido conllevará la apertura de un proceso de disolución patrimonial e impedirá el cambio de denominación, con el objeto de que una organización ilegalizada pueda acudir a una convocatoria electoral bajo nuevas siglas.
Otra de los aspectos que contempla es que el patrimonio neto resultante de la disolución de una formación se destinará a actividades con fines sociales o humanitarios.
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