La Comisión de Seguridad consigue "avances" para proteger a los ediles vascos

La situación de inseguridad en la que se encuentran los ediles en el país Vasco ante las acciones terroristas de ETA y la presión de su entorno puede dar un importante giro. El encuentro que han mantenido durante la tarde de hoy en Arkaute los partidos que engloban la Comisión de Seguridad y el Departamento de Interior se ha saldado con un "importante" avance hacia una postura de consenso entre los participantes acerca de las reformas legales propuestas para mejorar los niveles de seguridad de los ediles vascos y para garantizar en todo momento su representatitividad ante sus electores y el conjunto de los ciudadanos.

Según ha informado la Consejería de Javier Balza, los representantes de los partidos y del Departamento de Interior presentes hoy en la reunión de Arkaute consolidaron los principios de acuerdo logrados en el encuentro celebrado en este mismo foro el pasado 26 de marzo.

Las medidas que entonces se adelantaron en sus líneas generales fueron analizadas en profundidad llegándose a una postura cuasi-final de consenso ante las mismas de cara a su desarrollo legal. La próxima reunión tendrá lugar el día 18 de abril y en ella se cerrará este capítulo de la Comisión.

Los reunidos han debatido sobre la propuesta concreta de reforma del Código Penal y prácticamente han consensuado una postura favorable a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para abrir la posibilidad de que los propios entes municipales puedan establecer normas propias que mejoren la seguridad de los ediles, así como modificaciones en la legislación procesal que permitan a los Ayuntamientos personarse en las causas cuando hayan sido afectados sus intereses.

Garantizar la representatividad

Otro elemento de consenso, que se cerrará la próxima semana, ha sido la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para realizar reformas encaminadas a garantizar en todo momento la representatividad de los concejales electos a través tanto del voto ponderado como, llegado el caso, de la creación de gestoras municipales.

Por último, los participantes en la reunión de la Comisión de Seguridad también dieron su visto bueno al inicio de las reformas que sean necesarias en las normas que rigen la confección de registros públicos, de manera que en estos se salvaguarde siempre la confidencilidad de los datos personales de los cargos públicos, así como de sus bienes y patrimonio, de manera que estas informaciones no puedan ser utilizadas con fines delictivos.

Estos acuerdos se suman a los logrados en las dos primeras reuniones de la Comisión, que tuvieron lugar a comienzos del mes de marzo. En virtud de dichos acuerdos, el Departamento de Interior se comprometía a realizar un esfuerzo de dotación presupuestaria (compartido al 50 por ciento con el Ministerio de Interior) para reforzar la seguridad de los locales y sedes de partidos políticos, así como de los domicilios de los propios concejales.

También se comprometía a reforzar las medidas de seguridad de los concejales que Departamento y Ministerio mantienen, especialmente en los municipios más conflictivos, y a la elaboración de un análisis pormenorizado de los niveles de riesgo existentes para los concejales en cada uno de los municipios vascos.