PP y PSOE propondrán disolver los Ayuntamientos que exalten a ETA

Representantes del Gobierno, el PP y el PSOE han acordado en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, celebrada ayer, la posibilidad de disolver los Ayuntamientos que con sus actuaciones den cobertura o apoyen al terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen.

A la reunión acudieron el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elgorriaga, por parte del Gobierno; el portavoz en el Senado, Esteban González Pons, y la secretaria de Política Municipal, Ana Romero, por parte del Grupo Popular, además de Carlos Urquijo, del PP vasco; y el responsable de Política Municipal, Álvaro Cuesta, y el diputado autonómico del PSE Víctor García Hidalgo, por parte del PSOE.

La comisión ha acordado una serie de propuestas para reforzar la seguridad de los concejales en el País Vasco y garantizar el funcionamiento democrático de los Ayuntamientos, lo que supondrá reformar el Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Bases de Régimen Local.

Álvaro Cuesta ha explicado en una conferencia de prensa uno de los aspectos más destacados, como es la determinación por parte de ambos partidos de ampliar las causas que permitan al Consejo de Ministros la disolución de un Ayuntamiento, aunque este punto está aún "a expensas de un ajuste fino jurídico-técnico" para evitar problemas de anticonstitucionalidad.

Según Cuesta, la idea consiste en crear dos supuestos de disolución: el ordinario, que ya contempla la ley por gestión gravemente dañosa para los intereses generales, en cuyo caso se creará una gestora por tres meses hasta la celebración de elecciones. Y el segundo supuesto, "a expensas de borradores", procedería la disolución cuando con sus actuaciones los órganos de gobierno den cobertura o apoyen al terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen; en este caso la gestora se mantendría al frente hasta la siguiente convocatoria electoral.

Además, se modificará el artículo 183 de la Ley general del Régimen Electoral para que cuando se produzca la disolución de una corporación municipal, se haga cargo del gobierno de la corporación un órgano designado por la Diputación u órgano de la comunidad autónoma hasta las siguientes elecciones.

También será necesaria otra modificación de este texto legal, para que, cuando por las dimisiones en una lista, ésta quede sin representación municipal, las vacantes puedan ser cubiertas por "cualquier ciudadano mayor de edad".

Próxima reunión, el 10 de abril

La redacción final de esta y otras propuestas queda pendiente para una próxima reunión de la comisión técnica del Pacto Antiterrorista, fijada para el próximo 10 de abril, y de la que se prevé que salga un documento con las medidas que ambos partidos propondrán en el Parlamento como parte del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.

Además, PP y PSOE se comprometieron a incluir un "principio de coherencia" en el documento final que incluya la determinación de trasladar al Parlamento vasco las reformas legales presentadas en el Congreso de los Diputados y la decisión de que los Ayuntamientos se personen en procedimientos penales por amenazas a concejales.

Entre los puntos de este "principio de coherencia", el PP ha propuesto incluir el que los Ayuntamientos gobernados por fuerzas democráticas presenten mociones para retirar cualquier tipo de responsabilidad municipal a representantes de Batasuna; extremo sobre el que no se ha pronunciado el PSOE aunque —según los populares— "no lo ha rechazado".

Entre los temas que aún no han sido "afinados técnica y jurídicamente", Cuesta ha destacado las medidas para impedir la subvención pública y "dificultar" los anticipos de subvenciones electorales a partidos políticos que promuevan o justifiquen el odio, el terrorismo o un clima de violencia o de humillación de las víctimas.

En este sentido, se considerará como actuación propia de los partidos la realizada por cualquiera de sus miembros cuando actúen en nombre o por cuenta de los mismos, ha explicado.

También deberá ser perfilada la reforma del artículo 505 del Código Penal, para incriminar la conducta de quienes impidan a los concejales el acceso a los plenos de las corporaciones.

En su detallado repaso a los acuerdos alcanzados, el dirigente socialista ha reconocido que no se ha avanzado como en otros asuntos como el habilitar un fondo para costear la seguridad de los concejales. Sin embargo, ha añadido que sí se había acordado elevar a la comisión de seguimiento del Pacto el estudio de esta medida por considerar "imprescindible" la regulación de un fondo.

En su opinión, éste debería ser de carácter público, de naturaleza presupuestaria, adscrito al ministerio del Interior y presente en los Presupuestos Generales del Estado.

Según ha precisado el portavoz de los socialistas, entre los acuerdos ya detallados figuran la modificación de la Ley Electoral sobre la inelegibilidad de ciertos candidatos y sobre la presentación de suplentes en las listas, para los que no habrá un mínimo.

Finalmente, entre lo ya acordado, también destaca la reforma que establece que los interventores y apoderados en elecciones locales no tengan que residir en la provincia de la circunscripción.