Orden en el aula, desorden de prioridades

Hay una lógica que el sociólogo Loïc Wacquant lleva décadas documentando en las sociedades occidentales: cuando el Estado reduce su capacidad de protección social, tiende a compensarlo con una mayor presencia policial y punitiva. No es una conspiración, sino una inercia de penalización de la pobreza. Ante el desorden visible que ésta produce, la respuesta más rápida y fácil de comunicar es siempre la del orden. La respuesta más lenta, más cara y difícil de articular es la que ataca las causas y no solo los síntomas.

La Generalitat ha decidido que la urgencia manda. Ante el aumento de incidentes en los institutos ―agresiones entre alumnos, ataques a docentes―, el Departamento de Educación y los Mossos d’Esquadra han diseñado conjuntamente un plan piloto: agentes de paisano, sin armas, con presencia estable en los centros, trabajando con los equipos directivos en tareas de prevención y mediación.

El plan EDUSEG ―siglas reveladoras― arranca en 13 institutos considerados especialmente problemáticos. Desde el Govern argumentan que es una respuesta a una demanda de los propios docentes, y que no pretende criminalizar al alumnado.

Ambas cosas pueden ser ciertas. Y, aun así, la medida por sí sola constituye a mi juicio un error mayúsculo. La conflictividad en los institutos no es un fenómeno aislado. Es el reflejo, concentrado y visible, de tensiones que llevan años acumulándose fuera del aula: nuevas formas de pobreza, familias en situaciones de alta precariedad laboral y habitacional, adolescentes que no perciben ningún horizonte razonable que justifique el esfuerzo académico.

La preocupación y el malestar docente son también un hecho, con testimonios de agresiones y amenazas que, por supuesto, exigen soluciones. Pero nada de ello justifica que la administración interprete esa demanda únicamente en clave de seguridad, cuando buena parte de lo que piden los docentes y la comunidad educativa es más apoyo socioeducativo, más recursos y mejores condiciones en las que realizar su trabajo.

Aquí es donde entra en juego una variable que el debate público suele eludir: la cuestión del profesorado. No como colectivo homogéneo al que culpar o defender en bloque, sino como factor central de cualquier política educativa seria. Los institutos que concentran mayor conflictividad son también los que tienen más dificultades para retener a los docentes más experimentados, los que presentan mayores tasas de sustituciones, los que ofrecen menos estabilidad a sus claustros. Trabajar en esos entornos exige formación específica, acompañamiento continuado y, también, incentivos reales. Mientras eso no se resuelva, cualquier otra intervención tendrá un techo muy bajo.

Existe un referente que vale la pena recordar. En 2003, el gobierno laborista de Tony Blair puso en marcha el London Challenge, un programa específico para transformar los institutos de secundaria de Londres, que en aquel momento se encontraban entre los peores del país y en los que también se producían, por supuesto, situaciones de conflictividad.

El programa invirtió 80 millones de libras en ocho años y no apostó por la seguridad, sino por tres ejes: mejorar el liderazgo escolar, elevar la calidad de la enseñanza y usar los datos para identificar y apoyar a los centros más rezagados. Se asignaron docentes experimentados (algunos ya retirados) a los institutos con peores resultados, se crearon redes de colaboración entre escuelas, y se trabajó específicamente para atraer y retener buenos docentes en los barrios más difíciles. El resultado fue que las autoridades locales del inner London pasaron de ser las peores del país a las mejores. En los centros considerados prioritarios, la mejora en resultados académicos fue notablemente superior a la media nacional.

No se trata de copiar un modelo de otra ciudad y otro tiempo sin más. Pero el London Challenge demuestra que hay una alternativa a llegar tarde y a apagar fuegos: invertir de forma sostenida en las condiciones que hacen posible que una escuela funcione bien. Eso incluye la formación específica del profesorado para atender a alumnado vulnerable, los incentivos para que los mejores docentes quieran trabajar en los entornos más exigentes, la capacidad de los centros para seleccionarlos y retenerlos, el refuerzo de los equipos de orientación y salud mental, y la conexión real con los servicios sociales del territorio. En definitiva, figuras profesionales estratégicas y un plan de acción.

Nada de esto excluye necesariamente la presencia de agentes mediadores en los centros. Pero un agente de los Mossos, por mucho que vista de paisano y tenga vocación preventiva, no puede sustituir a un psicólogo infantil, a un trabajador social o a un tutor con tiempo y formación para acompañar a un alumno en dificultades.

Si la medida no viene acompañada de un plan más ambicioso sobre las condiciones materiales y emocionales que permiten que un adolescente aprenda y conviva, la presencia policial será un alivio temporal en el mejor de los casos. Los docentes y otros profesionales que trabajan en los institutos más difíciles de Cataluña llevan años pidiendo soluciones. Los propios adolescentes, conflictivos o no, merecen respuestas que estén a la altura del problema. Y poner policías donde se necesitan profesionales educativos y sociales no parece estarlo.