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Tribuna
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Laboratorio para la libertad

Es imprescindible construir un nuevo pacto social en el que la universidad gestione la relación entre “los que saben y los que no”, bajo el principio democrático de “nada sobre nosotros sin nosotros”

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Jaume I de Castellón.
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Jaume I de Castellón.ANGEL SANCHEZ

La Universidad es una institución sutil. Frágil a la vez que influyente. Su singularidad se soporta en el hecho de ser la guardiana de uno de los valores críticos para la democracia: la libertad académica. Para cuidar de este tesoro que pertenece al conjunto de la sociedad dispone de un atributo excepcional, la autonomía universitaria. Sin libertad académica no hay democracia, y sin autogobierno no hay Universidad. La universidad está esencialmente vinculada a los valores democráticos de los que emana, y lo está, a través de la creación y difusión de conocimiento en una relación abierta con la sociedad.

La libertad académica se ejercita a través de un pacto refrendado constitucionalmente entre la sociedad y la Universidad. Un acuerdo que también afecta a todos los poderes públicos, tanto del ámbito legislativo, como del ejecutivo o judicial, que tienen en la Universidad una referencia en la toma de decisiones y en la definición de políticas fundamentadas en el conocimiento científico y la experiencia social; sin perjuicio del compromiso constitucional en favorecer las condiciones para un ejercicio efectivo de la autonomía universitaria.

Es en el contenido de este pacto social, con el refrendo legal que corresponda, en el que encontramos el máximo común divisor de la institución universitaria, más allá de nominalismos y de disputas sobre la naturaleza de instituciones que puedan usar en su definición el término Universidad. Sin la ambición de ser un espacio abierto de libertad para la generación y difusión de conocimiento, no podemos hablar de Universidad. De igual manera que sin el acuerdo y confianza de su comunidad, la Universidad no podría soportar las presiones de las políticas y de los poderes fácticos para realizar su función.

La Universidad es libertad en acción. Lo es en la formación de capital humano y tecnológico, en el desarrollo endógeno y la internacionalización de los territorios, en la creación artística y la defensa de los derechos fundamentales o en la responsabilidad social y las actividades de extensión con las que se relaciona con los ciudadanos. La Universidad es un espacio insustituible para la libertad en una sociedad democrática.

Comprometer la actividad universitaria, bien desde la suficiencia financiera, bien desde el control regulatorio es un ataque a la libertad incompatible con la democracia. Así, el grado de compromiso de los regímenes políticos con la libertad se mide en función de las condiciones financieras y regulatorias en las que se desarrolla la autonomía universitaria.

Una Universidad sumisa o indiferente con los problemas de su comunidad carece de razón de ser”

La Universidad debe servir a la sociedad de la que forma parte favoreciendo el bienestar y la prosperidad, como sin duda lo hacen otras instituciones públicas y privadas, pero desde una posición alternativa, necesariamente crítica e independiente. Una Universidad sumisa o indiferente con los problemas de su comunidad carece de razón de ser.

Con independencia de las debilidades y contradicciones que acumula la institución universitaria, no es casualidad que una de las primeras formas de expresión del iliberalismo en su proceso de encriptación en las sociedades democráticas sea el desprecio hacia la Universidad y la búsqueda de su control político. Así lo ha venido siendo en la emergencia de los autoritarismos que han destruido la convivencia en la reciente historia occidental.

La universidad moderna ha sido durante 200 años el gran laboratorio de las sociedades occidentales, capaz de impulsar en cada momento las grandes transformaciones ideológicas y materiales en sintonía con las demandas sociales. El lugar en donde ensayar y evaluar de manera controlada los cambios sociales, al igual que en donde defender la conservación de nuestro patrimonio más valioso. Una doble función esencial en una sociedad que desee decidir sobre su futuro; promover los cambios en torno a los valores compartidos y evitar disrupciones que puedan destruir la convivencia en beneficio de unos pocos.

En las últimas décadas, la Universidad está viendo amenazada su hegemonía como institución del conocimiento, sin que aparezcan instituciones alternativas en defensa del bien común. Son muchas las dificultades a las que se enfrenta para encontrar un espacio diferencial ante la emergencia de nuevos actores guiados por una lógica de mercado orientada por la tecnología, con recursos casi ilimitados y una visión global.

De igual manera, se ha evidenciado la dificultad de la Universidad para atender a nuevas demandas de formación, ajenas a los sistemas tradicionales de reconocimiento de títulos oficiales, y a nuevos públicos ajenos a los tradicionales jóvenes de clase media y media- alta.

Todo ello confluye en una situación en la que no podemos olvidar el impacto estructural de la crisis del 2008 en muchos sistemas universitarios, con recortes en los recursos que han conducido a la precarización del profesorado, a la degradación de las infraestructuras, así como a la falta de una visión compartida, en especial en la captación de recursos para la investigación; elemento cada vez más determinante en las carreras académicas.

En medio de este convulso proceso de transformación que está viviendo la Universidad, la irrupción de la sindemia propiciada por el covid, la aceleración del impacto del cambio climático y la pérdida de certezas morales que acarrea la presencia de la guerra en el corazón de Europa nos obligan a una profunda reflexión sobrevenida acerca de la función que está realizando y que debe realizar. Una reflexión en la que si de algo podemos estar seguros es que nada volverá a ser igual; tampoco la Universidad que quisimos.

La universidad actual poco tiene que ver con la universitas medieval”

La urgencia del desafío se mantiene, pero su complejidad se ha multiplicado. Minusvalorar la necesidad de consolidar instituciones libres y abiertas que en la compleja realidad actual sean capaces de articular los valores de la dignidad humana, compromete gravemente la viabilidad de la democracia.

Es innegable que las instituciones que han asumido en cada momento histórico el papel de centros de producción y difusión del conocimiento y de valores sociales han evolucionado con los tiempos, y lo van a seguir haciendo. Desde la academia platónica o el liceo aristotélico, a los monasterios, bibliotecas, universidades medievales, reales estudios, gabinetes y laboratorios cortesanos, reales academias y sociedades científicas y de amigos del país, academias militares, hasta la universidad moderna, para llegar en el momento actual en el que son las corporaciones tecnológicas las que diseñan la sociedad.

Ahora, asumir como natural la progresiva irrelevancia de la Universidad y la incapacidad para renovar su pacto constituyente de acuerdo con la realidad actual, se antoja como un derroche y un riesgo insensato. Lo es pese al conocimiento de la complejidad y de las carencias en las que tiene que producirse el proceso de transformación de la Universidad. Lo es por las amenazas autoritarias y excluyentes a las que se enfrenta hoy la convivencia democrática.

La universidad del futuro seguramente poco tendrá que ver con la universidad moderna”

La universidad actual poco tiene que ver con la universitas medieval, más allá del nombre, y en casos excepcionales los edificios. La universidad del futuro seguramente poco tendrá que ver con la universidad moderna. Lo que sí sabemos es que la democracia requiere para la construcción de una sociedad del aprendizaje eco socialmente justa una referencia de libertad que hoy solo ofrece la Universidad.

Necesitamos la Universidad y necesitamos integrar a nuevos públicos, nuevos lugares de aprendizaje, nuevas formas de aprender, nuevas competencias y nuevas redes de relación. Para ello es imprescindible construir un nuevo pacto social en el que la Universidad gestione la relación entre “los que saben y los que no”, bajo el principio democrático de “nada sobre nosotros, sin nosotros”. Es hora de asumir que en la compleja y mercantilizada realidad actual la relevancia de la universidad depende más que del proteccionismo estatal de sus títulos, de su capacidad para vincularse a las comunidades a las que sirve, de ocuparse de los problemas del mundo, de esforzarse por abrir el saber.

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