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Vacunar de la covid en el colegio: docentes y familias denuncian que el sistema puede estigmatizar a los niños

Parte de los profesores temen que los menores no inmunizados queden señalados y se generen problemas de convivencia. Tres autonomías han anunciado que inmunizarán en los centros educativos y otras dos estudian hacerlo

Estudiantes de un colegio público de Valencia en una imagen de archivo.
Estudiantes de un colegio público de Valencia en una imagen de archivo.Mònica Torres
Ignacio Zafra

La vacunación de los niños de 5 a 11 años en colegios, que han anunciado tres autonomías y se plantean hacer otras dos, ha abierto un debate en la comunidad educativa, parte de cuyos representantes temen que inmunizar a los chavales en la escuela estigmatice a quienes no reciban el suero por una decisión que no tomarán ellos, sino sus padres.

La Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja han confirmado que vacunarán a los niños en los centros educativos, mientras Castilla-La Mancha y Canarias estudian hacerlo. Otros territorios, como Aragón o Madrid, lo han descartado finalmente, aunque más por dificultades organizativas, como el comienzo de las vacaciones de Navidad, que éticos o de convivencia, que son los que apunta Vicent Mañes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, Fedeip: “Además de cuestiones logísticas, vacunar en la escuela plantea sobre todo un problema para garantizar la confidencialidad, porque será muy difícil evitar que se sepa quién se vacuna y quién no”.

Mañes, director de un colegio en Cata-roja, Valencia, considera que hacer con los niños una excepción a la norma general de inmunizar en instalaciones sanitarias y vacunódromos es una manera de “condicionar” a los padres. De presionarlos para que se decanten por la inmunización. “Yo soy favorable a la vacunación de los niños, si tuviera hijos de esa edad lo haría, pero entiendo que puede haber gente que no, y creo que hacerlo así puede contravenir el derecho de las familias que no quieran vacunarlos, y puede afectar a los menores”.

La medida también genera dudas a Francisco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario entre el profesorado. “Los centros tendrán que recoger las autorizaciones de los padres, y estas ya pondrán de manifiesto ante el centro que hay niños que se vacunan y niños que no se vacunan. Se vulnerará el derecho a la intimidad y se pueden generar a posteriori dificultades de convivencia, y rechazo a algunos chavales o chavalas”. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de Ceapa, la mayor federación de la escuela pública, pregunta: “¿Por qué se tiene que poner la vacuna de la covid en los centros educativos? ¿Por qué no se les vacuna en las instalaciones sanitarias como a todos? Preferiblemente en los centros de salud, que están cerca de sus domicilios, habilitando para ello los horarios”. Críticas aparte, Mañes, García y Morillas añaden que lo que decidan las autoridades sanitarias debe respetarse.

Lo que nos dice la enseñanza del pasado”, afirma para justificar la decisión José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, “es que si quieres vacunar tienes que ir donde están los niños”. Así se hizo con gran éxito, recuerda Vergeles, con la campaña de vacunación contra la meningitis C en 1997 en la comunidad autónoma.

La decisión de la Junta tiene el apoyo de la principal federación de familias de Extremadura, Freampa, cuya presidenta, Eva Rodríguez, afirma que no se han planteado posibles problemas de confidencialidad. “No hemos tenido ninguna queja de padres al respecto y esperamos una vacunación prácticamente el 100%. Lo que queremos es que se vacunen cuanto antes, porque se está viendo que los niños son una franja contagiadora. Los cierres de aulas que se están produciendo corresponden a esos cursos, porque los más mayores ya están vacunados”. La medida, prosigue Rodríguez, favorece “la conciliación familiar y laboral”, al no requerir que los progenitores los acompañen, y Freampa ya la solicitó sin éxito para la campaña de vacunación de adolescentes. El ejecutivo extremeño ha adelantado que, en principio, no está previsto que los padres puedan acompañar a los menores en el centro de ser vacunados para evitar “aglomeraciones”, una cuestión que también preocupa a docentes, como Vicente Mañes, y a algunos padres.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana argumenta que, dado que la normativa establece que los alumnos vacunados no tendrán que cumplir cuarentena en el caso de que haya un positivo en su grupo burbuja, el debate sobre el estigma que puede causar la vacunación en los centros educativos no tiene mucho sentido, porque se vacunen donde se vacunen se acabará sabiendo quién se ha inmunizado y quién no.

La experiencia de lo que está sucediendo en los institutos, sin embargo, donde los alumnos vacunados están exentos de cumplir cuarentenas desde hace meses, no apunta en ese sentido. Los sistemas son diferentes según la comunidad autónoma, pero a grandes rasgos coinciden en que los centros educativos disponen de muy poca o ninguna información oficial acerca de quiénes están vacunados, no pueden exigir certificados de inmunización a los alumnos y no se encargan directamente de ordenar las cuarentenas de los estudiantes, sino que lo hace salud pública.

En comunidades como la valenciana los centros educativos hacen de intermediarios: reciben la información de las autoridades sanitarias y se la comunican a los alumnos que deben confinarse. En otras, como Navarra, el Departamento de Salud avisa directamente a los estudiantes sin informar al centro (por lo que cabe la posibilidad de que un estudiante ignore la cuarentena y siga asistiendo a clase, comenta un docente). El motivo por el que un alumno de secundaria considerado contacto estrecho deja de asistir a clase no se conoce oficialmente en el centro: puede ser porque no está vacunado, pero también porque él mismo haya dado positivo (pese a haber recibido el suero) al analizar los contactos del caso índice.

Mantener la incógnita será mucho más difícil si se vacuna en la escuela, cree Isabel, madre de un niño en un colegio público de Valencia. “Los niños que no se vacunen van a quedar señalados para los profesores y también para sus compañeros. Los niños saben lo que es el covid, tienen cierto miedo y curiosidad. Tener un compañero que no se ponga en la fila para ser vacunado les llamará la atención, y cuando acaben hablarán de cómo ha sido, si les ha dolido el pinchazo…”, afirma la mujer, que, pese a no parecerle bien el sistema, autorizará la inmunización de su hijo en el colegio. Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias valenciana, también se muestra preocupado por cómo va a garantizarse la confidencialidad. Un problema que admite el portavoz de la Consejería de Sanidad extremeña: “Se actuará con la máxima discreción y velando por la intimidad de todos. Sin embargo, con las edades con las empezamos no será posible controlar que los niños hablen y pregunten sobre el tema entre ellos”.

La Generalitat valenciana añade un argumento a favor de la confidencialidad del proceso, y es que puede haber varios motivos por los que un alumno no se vacune: “que haya pasado la covid hace menos de cuatro semanas, que sea alérgico a algún componente de la vacuna y tenga contraindicado vacunarse o que esté en cuarentena”, por lo que el hecho de que no reciba el suero no implica necesariamente que su familia rechace la inmunización y en ningún caso se detallará a los centros las razones por las cuales un estudiante no se vacuna.

Un grupo menos importante que los adolescentes

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat recuerda que otras vacunas, como la del papiloma (que suele ponerse a los 12 años), ya se administran en centros educativos en algunas comunidades, y opina que no debería darse “más importancia a la vacuna del covid que a otras que ya ponemos”. Pero considera que desde un punto de vista logístico resulta más sencillo integrar la vacunación de los niños en el mismo sistema que ha funcionado con el resto de la población.

Utilizar la vacunación en la escuela para presionar a las familias “estaría mal y sería feo”, dice Bassat, que no cree que ese sea el motivo por el que algunas comunidades van a hacerlo. “No veo razón para ello. Los adolescentes, que eran un grupo que preocupaba mucho más, respondieron muy bien. Con los niños es menos importante que con los adolescentes llegar a una cobertura altísima. Y son, precisamente, el grupo en el que se debería respetar más la voluntad familiar de si se quieren o no se quieren vacunar”, debido a que desarrollan, en la gran mayoría de los casos y al menos con las variantes bien estudiadas hasta ahora, una versión leve de la enfermedad.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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