Más de 12.000 alumnos siguen sin comedor escolar en Andalucía tres semanas después del arranque del curso

Los comedores escolares de 132 centros educativos de Andalucía aún no han comenzado a funcionar tres semanas después de que arrancara el curso. La mayoría están en Jaén (51) y Málaga (47), pero también en el resto de provincias, a excepción de Cádiz. Entre todos, atienden a algo más de 12.000 alumnos.

El pasado 10 de septiembre, primer día de clase del alumnado de infantil en la comunidad, muchas madres y padres se enteraron de que no tendrían servicio de comedor escolar a las puertas de sus respectivos centros escolares. La Junta de Andalucía ―gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox― aseguró entonces que la situación se arreglaría en dos semanas. Pero, superado ese tiempo, la Administración no da ahora plazo para el reinicio de actividad.

La logística familiar con hijos de tres, seis y nueve años nunca es fácil. Pero lo es todavía menos cuando, con todo planificado, te avisan solo un día antes del inicio del curso de que el comedor escolar del centro de tus tres peques no abrirá. “¿Cómo reordenas todo tan rápido?”, se pregunta Laura Teruel, cuyos niños van al colegio público Carmen de Burgos, en Málaga. Su trabajo le permite cierta flexibilidad para recogerlos, pero otras muchas familias han tirado de abuelos para resolver la papeleta. Como este, en Andalucía hay 132 comedores escolares que aún no han comenzado a funcionar, la mayoría en Jaén (51) y Málaga (47), pero también en el resto de provincias, a excepción de Cádiz. Una ausencia que ha trastocado el día a día a las familias de 12.000 alumnos. Para los 2.000 afectados de Jaén, además, llueve sobre mojado: el curso pasado tampoco tuvieron comedor desde octubre hasta febrero.

El Gobierno andaluz afirmó que todo se debía a la quiebra de dos empresas: Col-Servicol y Perea Rojas, quienes ―según la Junta― habían comunicado sus problemas sin tiempo para poder resolverlo. Sin embargo, el gerente de ambas empresas aseguró días después en el Diario Sur que podían empezar la actividad en cualquier momento, pero que la Junta les debía 1,5 millones de euros y, sin ese dinero, no podían trabajar.

“De nada sirve que se echen la culpa la empresa y la administración: vuelven a abandonar a las familias”, señala Belén Navarro, presidenta de la federación Fampa Los Olivos, que representa a 257 asociaciones de madres y padres de la provincia de Jaén. Para los 2.000 afectados de Jaén, además, llueve sobre mojado: el curso pasado tampoco tuvieron comedor desde octubre hasta febrero. “Es inexplicable que, conociendo las dificultades previas de las empresas concesionarias, la Junta de Andalucía no haya resuelto este tema en verano”, protesta Ana Jiménez y su marido, Alfonso Jiménez, padres de dos alumnos de primaria del colegio Miguel de Cervantes de Lopera (3.665 habitantes, Jaén), que ya estuvieron cuatro meses sin comedor el año pasado por un problema similar. “El comedor escolar no es un capricho, es indispensable”, afirman. “Esto es un caos para las familias”, insiste Mari Ángeles Guzmán, vicepresidenta de la Federación democrática de asociaciones de madres y padres de alumnos de Málaga (Fdapa). “La conciliación, así, es imposible”, resume.

Desde la Consejería de Educación trabajan ya en una alternativa. Tratan de “encontrar empresas que puedan hacerse cargo del servicio a través de contratos menores”. El objetivo de este procedimiento es acelerar los plazos y poner en marcha los comedores pronto mientras se licitan de nuevo los lotes en grandes adjudicaciones, cuyos trámites burocráticos tardan más. “Obviamente la intención es reponer el servicio lo antes posible”, insisten desde Educación, aunque el consejero, Javier Imbroda, reconoce que no es fácil porque los contratos resultan poco atractivos. Como “solución temporal” la Junta de Andalucía anunció la puesta en marcha de las denominadas aulas de espera. Son gratuitas y cuentan con personal al cuidado del alumnado hasta la llegada de los padres a las 16.00, como harían si hubiera comedor. Hasta esa hora, los menores tendrán que conformarse -con suerte- con bocadillos o comidas frías, porque los monitores no pueden manejar alimentos. Además, las burbujas del alumnado se rompen ahí, porque se mezclan diferentes edades. “Solo es un mal parche”, denuncia Guzmán desde Fdapa. La mujer subraya que la iniciativa olvida además a las familias más desfavorecidas cuyos menores hacen la principal comida del día en el colegio. Salvo cuando no hay comedor. De momento, tampoco las aulas de espera funcionan en algunos centros como el propio Carmen de Burgos, donde arrancará el 5 de octubre.

“Caerán más empresas”

“Estos dos casos son solo la punta del iceberg: caerán más empresas”, avisan desde la Asociación empresarial de restauración colectiva de Andalucía (Aercan). Una veintena de ellas atienden a los más de 2.000 comedores escolares andaluces. La organización subraya que arrastran una situación que se ha vuelto insostenible y cuyo modelo, según reconocía esta semana el propio Imbroda, “es un fracaso”. Primero, porque los precios públicos están congelados desde hace más de una década. El precio público por menú es de 4,38 euros, cantidad con la que deben afrontar la compra de materias primas para hacer una propuesta saludable, “pero también la elaboración, el transporte, nóminas y otros gastos”. Segundo, por la suspensión del servicio en el último tramo del curso pasado tras la suspensión de las clases por la crisis sanitaria, que supuso un fuerte daño económico para las firmas. Tercero, por la reducción del alumnado: en septiembre han ido casi un 40% menos de estudiantes a los comedores escolares que en el mismo mes del año pasado. Y, finalmente, por el mayor gasto que ha supuesto implementar medidas de seguridad, como equipos de protección (EPI) y mascarillas para el personal o carros para llevar las comidas a las aulas, ya que muchos colegios han pedido comer ahí para mantener las burbujas y las distancias de seguridad.

En Aercan subrayan, igualmente, que no están obligadas a contratar más monitores ni a ofrecer medidas sanitarias al alumnado, como les han insistido desde la propia Junta de Andalucía. “Hemos solicitado de a Educación que se modifiquen los contratos para cubrir los gastos extraordinarios y no contestan”, añaden desde la organización. Dan un ejemplo de lo que ello supone: solo con dar una mascarilla a cada niño, que les costaría 15 céntimos, “ya se deja de tener beneficio por cada menú”. “El margen es mínimo”, insisten, para denunciar que cada día se tira “mucha comida” porque “es imposible saber cuántos niños van a comer cada día en los comedores”. La única certeza ocurre en los 132 centros que siguen sin comedor escolar: ahí no irá ni un alumno.