¿Guardería clandestina o solución de urgencia para conciliar escuela y trabajo en la fase 2?

¿Guardería ilegal o apaño familiar para conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos? Lo que para el Ayuntamiento de Sevilla es un comportamiento irresponsable por parte de unos padres que llevaron a sus niños a estudiar a una vivienda sin licencia para ello, sin mobiliario y sin las medidas higiénicas y de distanciamiento requeridas por la pandemia, para ellos es una solución de urgencia, completamente lícita y libre, para orquestar telecolegio con sus obligaciones laborales, que cumple con todos los requisitos de seguridad que exige la covid-19.

Todo comenzó esta semana cuando el trajín de unos padres que entraban con sus hijos en una vivienda del centro de Sevilla y salían solos, llamó la atención a varios vecinos del barrio que avisaron a la policía de que algo raro pasaba en su interior. El miércoles pasado, los agentes entraron en la casa y precintaron lo que consideraron como una “guardería clandestina”. Las familias y los propietarios del piso -que discrepan de la versión policial- entienden, sin embargo, que se trata de una irrupción en un hogar familiar en el que unos progenitores se turnaban en el cuidado de sus hijos para poder compatibilizar el colegio con su actividad laboral.

Cuando los policías entraron en la vivienda se encontraron a 12 niños, de entre seis y nueve años, distribuidos en dos habitaciones sin guardar las distancias de seguridad y sin llevar ningún tipo de protección. Siete estaban en un cuarto tumbados en el suelo y jugando y el resto alrededor de una mesa haciendo tareas del colegio, según la nota publicada en redes sociales por Emergencias de Sevilla. La vivienda estaba sin amueblar y “carecía de guantes, geles hidroalcohólicos, extintores o botiquín de primeros auxilios, cartelería, etcétera”. En lo que parecía ser la cocina encontraron fruta, pan y envases de comida preparada y solo cuatro vasos para más de una decena de chavales.

Los críos estaban al cuidado de dos adultos, los dueños de la casa, y de una joven de 27 años que se presentó como trabajadora del hogar de la pareja, pero que también estaba al cargo de los niños al tener una titulación técnica superior en Educación Infantil. La mujer, sin embargo, carecía de contrato para ambas actividades, según ha confirmado el portavoz de la Policía Local. Los agentes han iniciado expedientes sancionadores por entender que se estaba ejerciendo una actividad sin licencia y por incumplir las medidas sanitarias y de seguridad exigidas por el estado de alarma.

Esta versión difiere de manera radical de la que ha ofrecido a este diario la propietaria de la vivienda que prefiere mantener su anonimato para evitar sentirse más expuesta, después de que las imágenes de su casa y de los niños (pixeladas), tres de ellos sus hijos, fueran publicadas por la Policía. Las familias estudian tomar acciones legales por la difusión de las fotos en redes. La madre asegura que en la vivienda no existía ningún tipo de guardería clandestina. “Cinco familias con 10 niños, no 12 como dice el atestado, decidimos organizarnos para cuidar de los pequeños y permitir que el resto pudiera trabajar. ¿Dónde está la ilegalidad?”, se pregunta.

Habían empezado con ese sistema dos días antes de que se produjera la entrada en la casa de los agentes. “Lo veníamos hablando desde hace un tiempo y al final decidimos utilizar mi casa porque la acababa de comprar y había más espacio hasta que empezara a rehabilitarla”, explica. Los chavales mayores van todos a la misma clase –“por eso nos conocemos las familias”- y sus hermanos pequeños estaban en otra habitación, según su versión. Justo el día en que llegaron los agentes, los padres iban a rotar en el cuidado de los chicos. “De hecho no estábamos solo mi marido, la chica que nos ayuda en casa y yo, había otro papá: cuatro adultos para 10 niños, si quisiera montar una guardería no me sería nada rentable”, ironiza. Respecto de la situación de la asistente doméstica, la madre asegura que el contrato se formalizó el viernes pasado y que lo que le dijo a los agentes fue que “no lo tenía con ella en esos momentos”.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, el teniente alcalde de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, censuró la “irresponsabilidad de quienes exponen a sus hijos al contagio de la enfermedad covid-19, principal vector de transmisión del virus SARS-Cov2 a sus familias y personas de su entorno”. La propietaria investigada asegura que en las conversaciones con el resto de padres se tuvo muy en cuenta “el riesgo de contagio y la necesidad de elevar la prudencia”, pero añade: “El riesgo es el mismo que si nos juntáramos en un bar o a cenar en una misma casa, ¿por qué no podemos reunirnos para estudiar?”.

La Policía insiste en que “el establecimiento no dispone de licencia ni autorización por parte del Ayuntamiento ni por la Junta de Andalucía para el ejercicio de esta actividad educativa” y las defienden que en ningún momento han incumplido las normas establecidas para el interior de las viviendas en la fase 2 -un máximo de 15 personas- y que en la que fue inspeccionada se estaba cuidando de niños de parejas amigas de manera altruista para facilitar la conciliación. La Consejería de Educación tomó la decisión de no reanudar las clases presenciales de los alumnos hasta el próximo curso escolar.

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