Políticas para reducir las fracturas sociales

La reciente publicación del Informe FOESSA ofrece una radiografía precisa de las principales consecuencias sociales de las transformaciones socioeconómicas en España desde el cambio de siglo. Una constatación general es que la desigualdad se mantiene en niveles altos tanto en el reparto de la renta disponible de los hogares como en el de las rentas que estos reciben del trabajo y del capital.

La intensificación de los efectos del cambio tecnológico y la creciente internacionalización de la economía han dado lugar a nuevas desigualdades en el empleo y en su remuneración. La expansión de formas atípicas de trabajo en ocupaciones con escasa protección social y con menos horas trabajadas de las deseadas es uno de los exponentes de la nueva realidad laboral. Crece también el empleo a tiempo parcial no voluntario al mismo tiempo que la intensidad del trabajo y el empleo en entornos no suficientemente saludables.

Se observa, además, una tendencia hacia la polarización del empleo en las últimas décadas, aunque con una mejora progresiva hacia ocupaciones de mayor estatus socioeconómico en los últimos años. La inteligencia artificial podría ahondar en esta última tendencia, desplazando la estructura laboral hacia empleos de mayor cualificación y mejor remuneración. Sin embargo, si el acceso a esas oportunidades no es equitativo aumentará el riesgo de segmentación del mercado laboral.

A lo anterior se suma el mantenimiento de una elevada dispersión salarial, que tiene su peor exponente en la incidencia del empleo de bajos salarios, muy extendido en España ya antes de las últimas crisis. Es en los jóvenes donde mayor alcance tiene el problema. Se observa, además, un empeoramiento de sus salarios iniciales respecto a las generaciones previas. Los problemas serán especialmente intensos para la generación afectada por un “efecto cicatriz” en su trayectoria salarial, al perdurar en el tiempo las consecuencias negativas de haber entrado en el mercado en una fase de crisis profunda.

El nivel educativo, que hace pocas décadas aseguraba el ascenso social y el éxito económico, ha dejado de ser una garantía automática de protección frente a la pobreza y la exclusión. En un contexto de tasas de ocupación más altas que en décadas previas, disponer de un empleo ni garantiza la cobertura de las necesidades básicas ni la autonomía financiera. En parte, esto ocurre por la interacción del nivel educativo, la tecnología y la calidad del empleo. Tener un nivel educativo que permita participar en la digitalización del sistema productivo ya no es sinónimo de logro laboral y estabilidad. No tenerlo acerca más que nunca a la exclusión social.

A este panorama se suma un sistema de impuestos y prestaciones de menor alcance que los de otros países de renta alta, lo que limita su capacidad redistributiva. Este sistema se ha sometido a un estrés importante en las últimas décadas por distintos factores, como la globalización y la competencia fiscal entre países, la severidad de las crisis sufridas y los recortes en prestaciones básicas como respuesta a la Gran Recesión.

Dado este retrato, no sorprende que España siga siendo uno de los países más desiguales de Europa. Si bien en el período reciente se han reducido las diferencias de renta entre los hogares, gracias a la combinación de una intensa creación de empleo y a políticas ambiciosas como el aumento del SMI, la reducción de la temporalidad o el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, los indicadores continúan ubicando a España en las posiciones más altas del ranking. Estos avances se ven ensombrecidos, además, por el aumento de la privación material, la mayor inestabilidad de los ingresos y la creciente cronicidad de muchas situaciones de vulnerabilidad.

Las condiciones cada vez más difíciles para acceder a la vivienda son fundamentales para entender la limitada traducción del crecimiento económico en bienestar. Desde el cambio de siglo ha aumentado la concentración de la riqueza debido, sobre todo, a la creciente polarización del mercado de la vivienda. Mientras que el 10% más rico de la población ha incrementado su número de propiedades inmobiliarias, la mitad más pobre encuentra cada vez mayores dificultades para acceder a su primera vivienda.

Revertir la situación no es una tarea fácil en el corto plazo. Requiere visión de futuro y grandes acuerdos sociales. Factores estructurales como la dependencia de sectores que necesitan bajos salarios para competir y las dificultades para crear empleo estable y de calidad perpetúan pautas de desigualdad no solo persistentes, sino que, además, dañan especialmente a las generaciones más jóvenes. Invertir esta tendencia exigirá transformar la estructura productiva hacia actividades más sostenibles y resilientes, pero también con mayor capital tecnológico y humano, reduciendo el peso de los sectores con alta estacionalidad y superando una cultura empresarial con usos y costumbres que priorizan la reducción de costes a corto plazo.

Es necesaria también una reforma ambiciosa del sistema de impuestos y prestaciones sociales para reforzar su impacto redistributivo. Este sistema ha demostrado ser esencial para moderar los efectos de las desigualdades en las rentas primarias en los momentos de crisis, pero acercar la desigualdad a la media europea requiere cambios de mayor alcance, tanto en su diseño como en su tamaño.

Asimismo, es preciso reformular las políticas para responder a otros grandes retos sociales, como una mayor regulación de las formas atípicas de empleo, políticas de descarbonización más justas, el refuerzo de políticas educativas que favorezcan la igualdad de oportunidades y un sistema de prestaciones más extenso para las familias con menores de edad. Se necesitan, por tanto, nuevas iniciativas de intervención pública de gran calado que promuevan la resiliencia ante futuras crisis y aseguren que las oportunidades de movilidad ascendente sean accesibles para los grupos más desfavorecidos. Solo una combinación coherente de políticas públicas que promuevan la inclusión y la estabilidad económica permitirá avanzar hacia una reducción efectiva de la desigualdad y una mejora sostenible del bienestar social.