LaLiga sale al ataque contra la piratería: ¿es legal que pidan 450 euros a los espectadores que usan plataformas sin derechos televisivos?

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha dado un paso sin precedentes en su guerra contra la piratería. En las últimas semanas, numerosos particulares han recibido burofaxes exigiendo el pago de alrededor de 450 euros para evitar una futura demanda judicial por consumo de retransmisiones ilegales de fútbol. La medida, presentada como un paso necesario en defensa de los derechos audiovisuales de los clubes, ha generado un intenso debate jurídico y social al dirigirse, por primera vez, contra usuarios finales.

La estrategia se enmarca en la ofensiva que la organización presidida por Javier Tebas lleva desplegando desde hace más de una década. Con inversiones en tecnología propia para monitorizar señales, acuerdos con competiciones internacionales y más de 40 plataformas bloqueadas en colaboración con los tribunales, LaLiga se reivindica como pionera en la persecución de lo que considera un robo a los clubes. Los derechos televisivos aportan casi 1.500 millones de euros anuales, convirtiéndose en la piedra angular de la financiación de las entidades de fútbol profesional.

El núcleo de la controversia reside en delimitar responsabilidades entre quienes redistribuyen la señal de forma organizada —a través de servidores, programas de cardsharing y decodificadores— y quienes simplemente la consumen. En el frente judicial LaLiga gana el partido. Un auto del Juzgado de lo Mercantil 8 de Barcelona y una sentencia del número 6 de la misma ciudad apuntan a los distribuidores con ánimo de lucro como los principales responsables, permitiendo el bloqueo inmediato de páginas y aplicaciones que replican la señal sin autorización. En particular, la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona avala medidas legales para que los proveedores de servicios de internet colaboren activamente en el bloqueo de accesos a contenidos audiovisuales protegidos, adaptando estas a nuevos escenarios tecnológicos como el cifrado de tráfico (ECH) para salvaguardar los derechos de LaLiga y sus socios audiovisuales.

Fuentes de LaLiga resaltan que esta entidad trabaja desde hace años en una estrategia integral basada en cuatro pilares: tecnológico, legal, educativo e institucional, con alcance tanto nacional como internacional, que incluye el desarrollo de su propia tecnología para detectar y monitorizar señales piratas. LaLiga resalta que sus actuaciones no solo van en la dirección de defender sus derechos de propiedad, sino que también tiene el interés de trasladar a la sociedad que el consumo de piratería no solo erosiona los ingresos de los clubes, sino que expone a los usuarios a redes mafiosas y riesgos de seguridad digital.

Un fenómeno complejo

Sin duda, el fenómeno de la piratería es complejo y no exento de determinados patrones culturales, agravado por la facilidad tecnológica para acceder a contenidos ilegales y la existencia de intermediarios que proveen servicios de alojamiento, búsqueda, publicidad y distribución del contenido pirateado. El salto hacia los consumidores introduce una nueva perspectiva. Según las notificaciones recibidas por muchos usuarios, LaLiga afirma haber identificado direcciones IP desde las que se habría accedido a emisiones ilegales. A partir de esos datos, reclama pagos compensatorios para evitar litigios. La operativa, sin embargo, despierta recelos.

“En España la ley únicamente penaliza al distribuidor de la señal pirata, no al consumidor, y las operadoras que facilitan datos sin orden judicial incurren en prácticas alegales”, advierte Omar Benbouazza, director de Comunicación de la Conferencia de Ciberseguridad RootedCON. Según explica, la identificación a través de protocolos de red es poco precisa: “Una misma IP puede corresponder a varias personas, incluso a servicios completamente legales. No hay capacidad para asignar una dirección por cada usuario individual”, argumento rechazado taxativamente desde LaLiga.

Las dudas se multiplican en el plano legal. Para Javier Prenafeta, abogado y socio de 451.legal, “lo controvertido es la forma en que se obtienen las direcciones IP de los usuarios”. A su juicio, las reclamaciones contra consumidores finales se refugian en resoluciones que autorizaron medidas prospectivas de vigilancia del tráfico, pero que no legitiman de forma expresa el envío masivo de burofaxes. “Muchísimas reclamaciones se han dirigido contra esos usuarios finales, por lo que habría que cuestionarse la licitud de dicha prueba y la mala fe de estas acciones”.

La paradoja es que estas campañas suelen chocar con la percepción social. Muchos consumidores no equiparan la visualización de un partido pirata con un delito tangible, lo que supone una brecha entre la gravedad jurídica y la banalización cultural de la piratería que LaLiga intenta cerrar ejerciendo una presión más directa. En palabras de Benbouazza, la estrategia de LaLiga plantea serias dudas: “Es legítimo perseguir el fraude, pero no puede hacerse al precio de vulnerar derechos fundamentales. Netflix y otras plataformas han demostrado que combatir la piratería también pasa por ofrecer alternativas asequibles y cómodas, más que por criminalizar al usuario final”.

El riesgo reputacional también está sobre la mesa. La avalancha de burofaxes conlleva el peligro de convertir a LaLiga en una posición antipática ante el consumidor. Al final, la batalla contra la piratería se dirime no solo en los tribunales, sino también en la percepción pública. LaLiga ha optado por una vía dura. Lograr su objetivo —reducir el consumo masivo de emisiones ilegales sin dañar la relación con los aficionados— dependerá de hasta dónde esté dispuesta a apretar el acelerador judicial y cuánto margen se le reconozca en los tribunales. Por ahora, el partido se juega en varios frentes a la vez: las salas de lo mercantil, los servidores piratas, las teleoperadoras y… los buzones particulares de los abonados.