Gobernar la IA para el interés público

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha publicado recientemente un Plan de Acción de Oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA) que incluye una inversión pública multimillonaria en la capacidad de IA del Reino Unido y 14.000 millones de libras (16.800 millones de euros) en compromisos de las empresas tecnológicas. El objetivo declarado es multiplicar por 20 la potencia de cálculo de la IA bajo control público de aquí a 2030, e integrarla en el sector público para mejorar los servicios y reducir los costes mediante la automatización de tareas.

Ahora bien, gobernar la IA en aras del interés público exigirá que el Gobierno supere las relaciones desequilibradas con los monopolios digitales. Tal y como están las cosas, las autoridades públicas suelen ofrecerles a las empresas tecnológicas acuerdos lucrativos no estructurados y sin condicionamientos. Y luego se ven obligadas a abordar los fallos del mercado que inevitablemente se producen. Aunque la IA tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas, la estrategia actual no propicia el éxito de los Gobiernos.

Sin duda, los economistas no se ponen de acuerdo sobre lo que la IA implicará para el crecimiento económico. Además de advertir sobre los daños que podría causar si no se la administra bien, el premio Nobel de Economía Daron Acemoglu estima que la tecnología aumentará la productividad sólo un 0,07% anual, como máximo, en los próximos diez años. Por el contrario, entusiastas de la IA como Philippe Aghion y Erik Brynjolfsson creen que el crecimiento de la productividad podría ser hasta 20 veces superior (Aghion calcula un 1,3% anual, mientras que Brynjolfsson y sus colegas apuntan a la posibilidad de un aumento puntual de hasta el 14% en apenas unos meses).

Por su parte, las previsiones más optimistas son impulsadas por grupos con intereses creados, lo que suscita preocupación por la posibilidad de cifras infladas, una falta de transparencia y el efecto de “puerta giratoria”. Muchos de los que prometen los mayores beneficios también se benefician de las inversiones públicas en el sector. ¿Qué pensar si no del nombramiento del consejero delegado de Microsoft UK como presidente del Consejo Asesor sobre Estrategia Industrial del Ministerio de Comercio y Empresa del Reino Unido?

La clave para gobernar la IA es tratarla no como un sector que merece más o menos apoyo, sino como una tecnología de propósito general que puede transformar todos los sectores. Estas transformaciones no serán neutras desde el punto de vista del valor. Si bien podrían realizarse en beneficio del interés público, también podrían consolidar aún más el poder de los monopolios existentes. Dirigir el desarrollo y el despliegue de la tecnología en una dirección positiva requerirá que los Gobiernos fomenten un ecosistema de innovación descentralizado que sirva al bien público.

Los responsables de las políticas también deben ser conscientes de que las cosas pueden salir mal. Uno de los principales riesgos es el afianzamiento de plataformas dominantes como Amazon y Google, que han aprovechado su posición como guardianes para extraer “rentas de atención algorítmica” de los usuarios. Si no se gobiernan adecuadamente, los sistemas de IA actuales podrían seguir el mismo camino, conduciendo a una extracción de valor improductiva, una monetización insidiosa y un deterioro de la calidad de la información. Los responsables de las políticas llevan ignorando estas externalidades desde hace demasiado tiempo.

Sin embargo, ahora los Gobiernos pueden verse tentados a optar por la opción más barata a corto plazo: permitir que los gigantes tecnológicos sean propietarios de los datos. Esto puede ayudar a las empresas establecidas a impulsar la innovación, pero también garantizará que puedan aprovechar su poder de monopolio en el futuro. Este riesgo es especialmente relevante hoy en día, dado que el principal cuello de botella en el desarrollo de la IA es la potencia de computación en la nube, cuyo mercado está controlado en un 67% por Amazon, Google y Microsoft.

Aunque la IA puede hacer mucho bien, no es una varita mágica. Debe desarrollarse y desplegarse en el contexto de una estrategia pública bien meditada. La libertad económica y la libertad política están profundamente entrelazadas, y ninguna de las dos es compatible con un poder altamente concentrado. Para evitar este camino peligroso, el Gobierno de Starmer debería replantearse su enfoque. En lugar de actuar principalmente como un “solucionador del mercado” que intervendrá más tarde para hacer frente a los peores excesos de las empresas de IA (desde falsedades profundas hasta desinformación), el Estado debería intervenir en las etapas iniciales para dar forma al mercado de la IA.

Eso significa no asignar miles de millones de libras a iniciativas de IA mal definidas que carecen de objetivos claros, lo que parece ser el plan de IA de Starmer. Los fondos públicos no deben ir a parar a manos de centros de datos de gran escala extranjeros, ya que se corre el riesgo de desviar el dinero de los contribuyentes a los bolsillos de las empresas más ricas del mundo y de ceder el control sobre los datos del sector público. El acuerdo del Servicio Nacional de Salud británico con Palantir es un ejemplo perfecto de lo que hay que evitar.

También existe el peligro de que, si el crecimiento impulsado por la IA no se materializa como se había prometido, el Reino Unido se quede con un mayor déficit público y con infraestructura crucial en manos extranjeras. Asimismo, confiar únicamente en la inversión en IA para mejorar los servicios públicos podría conducir a su deterioro. La IA debe complementar, no sustituir, las inversiones reales en capacidades del sector público.

El Gobierno debe tomar medidas concretas para garantizar que la IA sirva al bien público. Por ejemplo, las auditorías algorítmicas obligatorias pueden arrojar luz sobre cómo los sistemas de IA están monetizando la atención de los usuarios. El Gobierno también debería tener en cuenta las lecciones de los errores pasados, como la adquisición por parte de Google de la start-up londinense DeepMind. Como ha señalado el inversor británico Ian Hogarth, el Gobierno del Reino Unido podría haberlo hecho mejor si hubiera bloqueado este acuerdo para mantener una empresa independiente de IA. Incluso ahora, las propuestas para revertir la adquisición merecen consideración.

La política gubernamental también debe reconocer que las grandes tecnológicas ya disponen de escala y recursos, mientras que las pequeñas y medianas empresas necesitan apoyo para crecer. La financiación pública debería actuar como “inversor de primer recurso” para ayudar a estas empresas a expandirse. Es crucial dar prioridad al apoyo a los emprendedores e iniciativas nacionales sobre las empresas extranjeras dominantes.

Por último, dado que las plataformas de IA extraen datos de los bienes comunes digitales (internet), son beneficiarias de una importante ganancia económica inesperada. Por tanto, debería aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias digitales para ayudar a financiar la IA de código abierto y la innovación pública. El Reino Unido necesita desarrollar su propia infraestructura pública de IA guiada por un marco de valor público, siguiendo el modelo de la iniciativa EuroStack en la Unión Europea.

La IA debe ser un bien público, no un peaje corporativo. El objetivo rector del Gobierno de Starmer debe ser servir al interés público. Eso significa abordar toda la cadena de suministro —desde el software y la potencia de cálculo hasta los chips y la conectividad—. El Reino Unido necesita más inversión para crear, organizar y federar los activos existentes —no necesariamente sustituir por completo los activos de las grandes tecnológicas—. Tales esfuerzos deben guiarse y cofinanciarse bajo un marco político coherente que tenga como objetivo construir un ecosistema de IA viable y competitivo. Solo entonces podrán garantizar que la tecnología cree valor para la sociedad y sirva realmente al interés público.