El plan de Musk contra la Administración de EE UU fracasará

A cambio de ayudar a Donald Trump a ser reelegido presidente de EE UU gastándose 130 millones de dólares en su campaña, y de convertir a X (antes Twitter) en su máquina de mensajes, Elon Musk se ganó la oportunidad de codirigir —junto con Vivek Ramaswamy, otro donante importante— un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Bautizado así por una criptomoneda que comenzó como una broma, el DOGE no será una agencia oficial. Pero, aunque su papel es puramente consultivo, Trump ha prometido poner en práctica sus recomendaciones para reducir el exceso de regulaciones, reestructurar las agencias federales y recortar los gastos superfluos, todo ello con la vista puesta en mejorar la eficiencia.

La ley federal exige que todo comité consultivo gubernamental notifique públicamente sus reuniones y dé acceso a todos los informes, transcripciones y documentos relacionados con su trabajo. Pero el DOGE puede incumplir estos requisitos alegando que infringen inconstitucionalmente el poder presidencial.

Al igual que con sus otros nombramientos, Trump no se molestará en investigar a fondo a Musk y Ramaswamy, ni les exigirá que se desprendan de sus participaciones corporativas o se abstengan de ofrecer recomendaciones sobre cuestiones que plantean un conflicto de intereses evidente —como, por ejemplo, las compras importantes de servicios de la NASA a la empresa SpaceX, propiedad de Musk—. En la medida en que el DOGE meterá mano a las regulaciones, promete ser un poderoso vehículo para el capitalismo de amigos. Sus recomendaciones tendrán poco que ver con la mejora de la eficiencia gubernamental o la reducción de costes, y mucho con la eliminación de regulaciones y agencias que los donantes poderosos y los lobbistas quieren ver muertas.

Afortunadamente, el DOGE fracasará porque se está centrando en los objetivos equivocados, con el enfoque equivocado y el liderazgo equivocado. Musk inicialmente prometió recortar el gasto del Gobierno federal en dos billones de dólares, lo que supone casi un tercio de todo el gasto previsto para 2025. Tras darse cuenta rápidamente de lo absurdo que era ese objetivo, desde entonces lo ha reducido en un 75%, a 500.000 millones de dólares.

El gasto en defensa, seguridad social, Medicare, Medicaid, la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) y el pago de intereses de la deuda pública estadounidense representan, en conjunto, el 74% del gasto federal total. Por otra parte, el gasto en defensa probablemente aumente con Trump, el gasto en el pago de intereses es esencial para evitar un incumplimiento del pago de la deuda del Gobierno federal, y el gasto en seguridad social, Medicare y Obamacare es legalmente obligatorio y cuenta con el apoyo contundente de los votantes que ayudaron a reelegir a Trump. El 26% restante del gasto federal cubre todas las demás funciones del Gobierno federal.

Aunque todos los fondos para programas discrecionales deben ser autorizados por el Congreso, el nuevo objetivo de 500.000 millones de dólares abarcaría tanto los programas cuya autorización depende del Congreso y finalizan en 2024 como aquellos que Musk considera incompatibles con las intenciones originales del Congreso. Pero la atención médica de los veteranos es la función individual más importante (119.000 millones de dólares) cuya autorización por parte del Congreso finaliza en 2024 y, a pesar del desprecio de Trump por los militares, es difícil imaginar que el DOGE vaya a por la salud de los veteranos.

En su lugar, el DOGE ya ha indicado que recortará la financiación de Planned Parenthood y otros grupos progresistas (300 millones de dólares al año), la Corporación para la Radiodifusión Pública (535 millones) y varias organizaciones internacionales (1.500 millones). También podría disparar contra partidas discrecionales de mayor envergadura, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (6.600 millones), responsable de las previsiones meteorológicas del país; la Administración Federal de Aviación (7.000 millones), que regula la seguridad de la aviación civil; muchas agencias dentro del Departamento de Estado (38.000 millones), y el Departamento de Educación (29.000 millones). La NASA (25.400 millones), por razones obvias, quedará excluida.

El problema de esta agenda de desfinanciación es que sigue sin acercarse a los 500.000 millones de dólares. Si el DOGE quisiera aportar algo positivo, abandonaría este objetivo y se centraría, en cambio, en mejorar la eficiencia de los organismos responsables de los programas gubernamentales, y en eliminar las regulaciones que no superen una prueba rigurosa de costo sobre beneficio. Pero esto ya se ha intentado muchas veces, y normalmente sin demasiado éxito. La encuesta del sector privado sobre el control de costes del presidente Ronald Reagan, conocida como la Comisión Grace, por ejemplo, afirmaba que un tercio de todos los ingresos procedentes del impuesto a la renta era consumido por el despilfarro y la ineficacia —una exageración salvaje—. Muy pocas de las 2.500 recomendaciones de la comisión se pusieron en práctica, y la combinación de los recortes fiscales de Reagan y un Gobierno federal cada vez mayor hizo que la deuda nacional se disparara.

Esfuerzos similares que se remontan a la Comisión Hoover del presidente Harry Truman también se han juzgado como “fracasos abyectos”. La mayoría fracasa por un defecto fundamental en su diseño. Dirigidos por líderes empresariales que no entienden cómo funciona el Gobierno, estos organismos tienden a producir listas de ideas no examinadas, pero no tienen capacidad para llevarlas a cabo. La implementación sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes y del Congreso, que legisla y financia los programas federales.

La Asociación Nacional para la Reinvención del Gobierno del vicepresidente Al Gore evitó a principios de los años noventa este fallo de diseño. Integrada en la Administración de Clinton, estaba supervisada por un grupo de reformistas del Gobierno que consiguió aprobar una ley concreta: la Ley del Desempeño y los Resultados del Gobierno de 1993, cuyo objetivo era integrar las métricas de desempeño en los procedimientos operativos estándar del Gobierno federal.

Musk y Ramaswamy, por el contrario, no son más que los últimos de una larga lista de niños modelo del sector privado cuyos enfoques de gestión empresarial para las operaciones gubernamentales fracasarán. Menos de una cuarta parte de todos los programas de reforma del Gobierno tienen éxito, y los que lo logran presentan dos características diferenciadoras en común: los empleados del sector público diseñan las reformas y luego utilizan herramientas digitales para medir y mejorar el desempeño.

Desafortunadamente, el Congreso no proporciona fondos suficientes para que las agencias dispongan de las herramientas que necesitan. Por eso el Servicio de Impuestos Internos ha sido incapaz de recaudar ingresos anuales estimados en un billón de dólares de los evasores y defraudadores fiscales. Sin que sea culpa suya, la mayoría de los organismos del Gobierno federal siguen muy rezagados respecto del sector privado en cuanto a la digitalización de sus servicios.

Ir deprisa y romper cosas no funciona en el Gobierno. Si Musk y Ramaswamy quieren conseguir mejoras significativas y duraderas tendrán que colaborar con los funcionarios públicos para cambiar la forma de hacer su trabajo. El éxito depende de los cambios poco atractivos y difíciles de implementar en materia de procesos operativos que se pueden incorporar en los departamentos gubernamentales. La contratación basada en resultados, la gestión moderna del talento, la gestión ágil de la tecnología de la información, los datos y la transparencia del desem­peño, las herramientas digitales modernas y la participación ciudadana son cruciales si queremos mejorar la función del Gobierno. El DOGE producirá memes divertidos y oportunidades fotográficas para Musk y X, pero tendrá poco impacto tangible y duradero en el tamaño y la eficiencia del Gobierno federal.