Una nueva fiscalidad para una nueva era

Bien estructuradas y gestionadas. Así es como las contribuciones fiscales se convierten en motores de cambio que impulsan una sociedad más justa y competitiva. No solo financian servicios esenciales, como la educación, la salud o las infraestructuras, sino que también tienen el poder de transformar economías al atraer inversión privada con deducciones y exenciones, dirigiendo capital hacia sectores estratégicos. Este efecto tractor estimula la creación de empleo y el avance tecnológico, consolidando la competitividad en el mercado global. Pero su alcance va más allá del desarrollo económico. Un sistema de recaudación progresivo, donde quienes más tienen aportan más, resulta crucial para reducir las desigualdades y fortalecer las economías locales. En manos de una gestión eficiente, estos recursos no solo sujetan el presente, de igual forma, construyen un futuro más equitativo y sostenible para todos.

En España, sin embargo, es necesario un ajuste riguroso para contar con una estructura fiscal más eficiente. Al menos, es lo que afirmaron tres expertos reunidos por EL PAÍS en un desayuno titulado La gestión tributaria para una economía más justa y competitiva. Durante el encuentro, Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), señaló que el sistema fiscal español debería atraer inversión y talento, evitando altos tipos marginales que, según él, desincentivan a los profesionales cualificados. “El 60% de cada euro que paga una empresa en salarios se va al Estado, lo que impacta en la retención de talento”.

Fernández de Mesa sugirió eliminar impuestos de baja recaudación y alto impacto distorsionador, como el de grandes fortunas, el cual calificó como una decisión meramente política. “Muchas imposiciones tienen un carácter más político que recaudatorio. Es esencial enfocar el problema en la ineficiencia del gasto público y no en aumentar la carga fiscal”, explicó. El directivo de la patronal destacó además que la recaudación ha alcanzado un nivel récord, con un aumento del 23,4% en ingresos fiscales desde 2019, frente a un PIB en crecimiento más lento. Según Fernández de Mesa, la carga fiscal sobre las empresas españolas es considerablemente mayor que el promedio europeo, lo cual afecta a la competitividad del país. Fernández de Mesa cree que las subidas de impuestos, promovidas por el Gobierno en los últimos años, han hecho que España pierda terreno. “Hemos pasado del puesto 23 al 34, de 38 países, en tan solo cuatro años”, dijo el directivo de la CEOE citando los datos del índice de la Tax Foundation.

Para Joaquín Huelin, magistrado del Tribunal Supremo en excedencia y socio de Cuatrecasas, uno de los grandes retos del sistema tributario español es mejorar la seguridad jurídica. “Es un factor económico, un elemento de riqueza”, sostuvo. Además, explicó que los países con sistemas estables y predecibles tienden a prosperar, mientras que aquellos con carencias en este aspecto se estancan.

Huelin planteó tres acciones clave para reforzar esta seguridad: primero, reducir el uso del real decreto ley en materia fiscal. “Cada vez se recurre más a esta fórmula, que según la Constitución requiere una situación de urgente necesidad, pero en muchos casos esta justificación no existe”, subrayó. En segundo lugar, propuso evitar normativas fiscales aprobadas a final de año con efectos retroactivos. “Estas disposiciones generan inseguridad y un efecto hacia el pasado constitucionalmente discutible”. Finalmente, enfatizó la necesidad de resolver los conflictos tributarios en plazos razonables y respetando los criterios uniformes del Tribunal Supremo. “La jurisprudencia en materia tributaria debería ser más respetada por las agencias tributarias, administraciones y tribunales inferiores”.

“Incrementar la seguridad jurídica en el sistema tributario es fundamental para el desarrollo económico del país”, señaló Huelin, quien además abogó por trabajar tanto en la creación normativa como en su aplicación para crear un entorno más estable y confiable para ciudadanos y empresas, especialmente para atraer inversiones en transición energética y digital. El éxito futuro de sectores como el de telecomunicaciones, energético y financiero depende de un marco regulador claro y estable que no solo cumpla con las exigencias de la UE, sino que también garantice estabilidad a las empresas, destacó el experto. El especialista en temas jurídicos agregó que antes de atraer nuevos recursos es esencial cuidar a las compañías ya establecidas en la economía española.

Huelin señaló que, aunque los impuestos a grandes compañías energéticas, financieras y patrimonios privados recaudaron 4.500 millones de euros en 2023, esta suma es mínima frente a la carga fiscal que soportan los ciudadanos. Mencionó que los impuestos indirectos, considerados los menos equitativos, han sido la principal fuente de esta recaudación. “Hay una discrepancia entre la percepción pública de la fiscalidad y la realidad”, indicó durante el encuentro, celebrado la semana pasada en la sede de EL PAÍS. “No hay que ahuyentar proyectos que son fundamentales para la transición energética y digital”, añadió Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.

Acceso a los recursos

Escribano subrayó la importancia de un sistema impositivo no regresivo y alineado con objetivos de sostenibilidad. “Debemos crear un entorno que no solo beneficie a las empresas, sino que también permita a los ciudadanos acceder a los recursos necesarios para participar en esta transformación”. Según él, hay una tendencia a recurrir a la carga tributaria como una solución rápida ante cualquier contingencia. “Es más fácil introducir un impuesto que implementar medidas de regulación o aumentar la competencia en sectores con altos beneficios. Sin embargo, es relevante fomentar la competencia y reducir precios, beneficiando así a todos los consumidores”, argumentó.

Asimismo, Escribano señaló que uno de los principales desafíos del sistema tributario es diseñar un gasto efectivo. “Es necesario que sirva a los objetivos de política económica”, indicó. Puso como ejemplo el aumento de ayudas para que los hogares de menores recursos puedan acceder a sistemas de aislamiento y eficiencia energética. “Si no les ayudamos, aunque quieran cambiar, sin fondos no lo harán”. Por ello, resaltó la prioridad de establecer metas de gasto alineadas con objetivos estratégicos. “No podemos dedicar el gasto a cualquier iniciativa; debemos seleccionar y estructurar bien las inversiones, tanto social como sectorialmente, para ser consistentes con las políticas públicas que queremos adoptar”, concluyó.