La retirada del impuesto energético asegura la inversión de Repsol de 1.100 millones en Tarragona

Luz verde para la inversión de 1.100 millones de Repsol en Tarragona tras la caída del impuesto extraordinario previsto por el Gobierno que afectaba a las grandes energéticas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado este jueves que sin el impuesto la compañía puede “seguir adelante” con las inversiones previstas. Antes de la votación del miércoles, en la que Junts, el PSOE y el PNV introdujeron enmiendas para evitar que el impuesto que grava a las empresas energéticas se convierta en permanente, Repsol había avisado que esta tasa impactaba de lleno en su capacidad de inversión en España, y había amenazado con trasladar el proyecto de una planta industrial de Tarragona a Portugal. Ahora, con el nuevo panorama, Repsol mantiene que acometerá las inversiones inicialmente previstas, y fuentes de Junts per Catalunya también dan por hecho que la petroquímica española desarrollará su plan estratégico en parte del territorio catalán tal como estaba previsto.

“Ayer se retiró oficialmente la propuesta de hacer permanente este impuesto. Así que, una vez superado este debate, permítanme decir que ha llegado el momento de centrarnos en el futuro y en las oportunidades que tenemos por delante”, ha señalado Imaz en la conferencia con analistas posterior a la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de la compañía. “Esta decisión positiva que vimos ayer nos permite seguir adelante con las inversiones industriales que habíamos planeado en España y vamos a estar plenamente centrados en la preparación de estas inversiones para asegurar que van a ser ejecutadas con éxito en un futuro próximo”, ha anunciado.

Repsol había alertado de que hacer permanente este impuesto atacaba directamente contra la capacidad inversora de la compañía. Y el grueso de esa inversión prevista en España estaba centrada en el complejo petroquímico de Tarragona. Ahí está previsto levantar, con 1.100 millones de euros de inversión, una planta que transforme los residuos en combustible mediante una tecnología que tiene muy poca competencia en Europa. En Tarragona es donde Repsol tiene su principal centro de trabajo, con 1.400 empleos directos, con lo que perder esta nueva planta —Repsol estaba evaluando trasladarla a su centro industrial de Sines (Portugal) por el aumento de los gravámenes previstos inicialmente en España— impactaba de lleno en los planes de la compañía.

Fuentes de Junts per Cataluña dan por hecho que los planes previstos seguirán, ahora que el partido independentista, junto con el PSOE y PNV, han introducido cambios como enmiendas en la trasposición de la directiva europea que establece un impuesto mínimo a las multinacionales. La aprobación legislativa en el Congreso de los Diputados, en todo caso, requiere el aval de Podemos, que ya ha avisado de que está en contra de los planes del Gobierno. “La retirada del gravamen a las energéticas supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país”, ha asegurado la formación morada a través de un comunicado.

Fuentes de Junts aseguran que la propuesta inicial sobre el impuesto a las eléctricas era “inaceptable” porque ponía en riesgo las inversiones en Cataluña, “sobre todo en Tarragona”. La formación independentista entiende que con el camino allanado para las inversiones previstas de Repsol, se garantizan los “miles de puestos de trabajo” vinculados a la industria petroquímica de la zona y abre la puerta a nuevos proyectos del ámbito del biometano en Lleida y Girona. Por su parte, Repsol considera que el acuerdo del PSOE con parte de sus socios en el Congreso “termina el problema”.

En este sentido, la compañía reactiva las inversiones previstas para 2025 para los proyectos previstos para impulsar el hidrógeno renovable en Cartagena, Bilbao y la Ecoplanta en Tarragona.

Junts también ha pactado con el PSOE la retirada del impuesto a los mutualistas (previsto en un 8%); la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para entrenadores y monitores de los clubes deportivos; y una rebaja en la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Según sus cálculos, los acuerdos fiscales con el PSOE permite a Cataluña y a su tejido empresarial ahorrar 2.500 millones de euros. Los aspectos acordados “están orientados a la protección de la clase media y trabajadora de Cataluña, que forman la verdadera centralidad del país, siguiendo la agenda y metodología del acuerdo de Bruselas”, plantea Junts.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha desvinculado las negociaciones fiscales con las posibles conversaciones con el Gobierno de cara a los Presupuestos Generales de 2025. “Negociamos carpeta a carpeta, pieza a pieza, y no se mezclan carpetas”, ha asegurado en unas breves declaraciones a la prensa en la sede de la formación, en Barcelona.