Tarragona deja de recibir 2,6 millones de la petroquímica

Se van a cumplir cuatro semanas de la explosión de la fábrica IQOXE en Tarragona y las investigaciones siguen sin aclarar las causas de un accidente químico que provocó tres muertos y siete heridos. De las tres víctimas mortales, dos eran trabajadores de la planta. La tercera persona fallecida era un vecino de Bonavista, atrapado en su casa por un derrumbe que causó la onda expansiva. El juzgado mantiene el secreto de sumario sobre las diligencias, mientras la empresa, que permanece inactiva y que trata de visualizar su duelo conservando un lazo negro en la página web, insiste en que el Institut Químic de Sarrià (IQS) hace una investigación paralela para averiguar qué falló. Se han enfriado las movilizaciones ciudadanas que denunciaban la peligrosidad de la industria y la poca transparencia informativa pero la incertidumbre sobre el suceso no ayuda a regenerar la confianza entorno a la seguridad de las plantas químicas.

El Ayuntamiento de Tarragona, por unanimidad de todos los grupos, ha acordado la necesidad de celebrar un pleno dedicado a desgranar las consecuencias que tiene convivir al lado del mayor polo petroquímico del sur de Europa. “Por primera vez se hablará de la importancia de tener una industria petroquímica”, dice el alcalde Pau Ricomà, aludiendo a la necesidad de hacer “frente común” para dotar de “más seguridad” a la industria química.

El potente peso económico que tiene la química en Tarragona y los municipios vecinos va más allá de los 40.000 puestos de trabajo que genera, entre directos, indirectos e inducidos. Las empresas que están en el polígono suponen una fiable fuente de ingresos para los ayuntamientos, en forma de tasas y tributos. Entre Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y otros conceptos menores, el montante se eleva por encima de los nueve millones de euros anuales. Son los ayuntamientos de Tarragona y La Canonja los que se benefician del régimen tributario. Tarragona percibirá este año 2,6 millones de euros y la Canonja 6,5 millones. Pero la repartición tiene los días contados y Tarragona dejará de recibir un euro, en beneficio de la Canonja, que concentrará toda la recaudación.

El próximo octubre se cumplen diez años de la independencia de La Canonja, que dejó de ser un barrio de Tarragona para recuperar su condición de municipio independiente. En su día, los dos ayuntamientos acordaron un convenio de segregación para regular los primeros años de relaciones entre ambos municipios. El polígono petroquímico sur está frente al barrio de Bonavista, una zona que históricamente había formado parte del término de La Canonja pero que, en cambio, permaneció en Tarragona tras el acuerdo de segregación. La Canonja sí asumió como propias la práctica totalidad de las hectáreas donde se concentran las industrias. Le pertenece un 85% del polígono petroquímico sur. La localidad no alcanza los 6.000 vecinos y el ayuntamiento tiene un presupuesto de 12,8 millones de euros.

Mal negocio

El acuerdo de segregación contemplaba que, de inicio, La Canonja recibía el 40% de las tasas y que, de manera gradual, iría recaudando un mayor porcentaje de los ingresos tributarios provenientes de la petroquímica. El convenio contempla que 2025 será el último ejercicio en el que Tarragona tendrá derecho a una parte de los tributos. “No sé de qué manera podríamos obligar a La Canonja a prorrogar el régimen por más tiempo”, concede Jordi Fortuny, segundo teniente de alcalde y concejal de servicios económicos en Tarragona.

“Los vecinos de Bonavista van a seguir sufriendo la presencia de las químicas y se entiende que, en este sentido, tendrían derecho a disfrutar de los ingresos que esas industrias reportan”, señala Fortuny. Lamenta que “quienes entonces estaban al frente de Tarragona hicieron un mal negocio y la ciudad lo va a pagar en el futuro”. Fortuny alude a los gobiernos de Joan Miquel Nadal (CiU) y de Josep Fèlix Ballesteros (PSC). También por convenio, Tarragona le presta a La Canonja la recogida y gestión de residuos y el transporte público, unos servicios por los que le factura 925.000 euros anuales.

Roc Muñoz, alcalde La Canonja, es taxativo sobre la posibilidad de alargar el convenio: “de ninguna manera”, indica. Muñoz abunda en que los términos del acuerdo se fijaron de manera explícita por los dos consistorios y que carece de sentido revisarlos ahora. El alcalde de La Canonja admite que la situación económica del municipio va a ser mejor de lo que ya es ahora y avanza que hay “muchos proyectos en los que invertir”.